La Justicia tumba el decreto que regula la planificación de los colegios en Euskadi

El decreto ha quedado anulado «por un defecto de forma», tal y como se puede leer en la sentencia del TSJPV. Ahora falta por ver en qué se va a traducir este fallo judicial, que se produce en respuesta a un recurso planteado en mayo de 2023 por el sindicato Steilas y Ehife, la federación de AMPAS de la escuela pública vasca. Se espera que mañana ambas den una rueda de prensa para explicar más en profundidad lo sucedido, «ya que la sentencia del TSJPV no entra en los motivos de fondo por los que interpusimos este recurso», apuntaban a este periódico hoy fuentes de la central demandante. «El reparto de alumnado vulnerable entre las redes pública y concertada es una de las razones por las que interpusimos este recurso, pero hay más motivos de peso por los que acudimos a la justicia», han rematado. «Con este decreto se sigue blindando la red concertada en vez de apostar de forma clara por la pública, que es nuestro eje y objetivo», indica.

En el escrito oficial del TSJPV la sala considera que el Ejecutivo autonómico no realizó de forma adecuada los trámites previos obligatorios. «El cumplimiento del procedimiento de elaboración del Decreto impugnado ha sido meramente formal», señala el fallo, que indica también que se ha «prescindido» de una memoria justificativa, «cuyo trámite deviene esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias». Además, este defecto fue alertado por la Oficina de Control Económico y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi durante el proceso de elaboración del texto. Por todo ello, los magistrados declaran «nulo de pleno derecho» el decreto, pero no analizan el fondo de la cuestión.

Ehige y Steilas denunciaban en su recurso que, con este decreto, Educación «iguala» a los centros públicos con los concertados mediante el Servicio Público Vasco de Educación (SPVE). A modo de ejemplo, el texto impugnado y ahora anulado garantiza a todo el alumnado una plaza escolar «sostenida con fondos públicos». La normativa estatal, en cambio, garantiza «una plaza pública». «No es lo mismo», censuraban los portavoces de Ehige y Steilas en la presentación del recurso, que también argumentaba que existe «inseguridad jurídica» en lo relativo a las plazas para colectivos vulnerables.

Todo este entuerto sale a la luz a escasos días de que arranquen los 12 días de huelga que han convocado los sindicatos de la red pública para reivindicar mejores condiciones para los trabajadores «y que el Gobierno Vasco apueste de una vez por todas por una red pública de calidad y universal, en lugar de favorecer los intereses de la concertada».

La referencia al SPVE, además, se introdujo en este normativa antes incluso de que se aprobase la Ley de Educación, que fue la norma básica que instauró este concepto con posterioridad. Es decir, que el decreto (aprobado en febrero de 2023) se elaboró sin tener el paraguas normativo de la ley (sancionada en diciembre de 2023). El procedimiento habitual es justo el contrario. Primero se aprueban las leyes y después los decretos que las desarrollan.

Según las fuentes consultadas, es de prever que el fallo judicial tenga unos efectos más políticos (supone todo un varapalo para la administración) que prácticos. El decreto de planificación ha regulado los procesos de matriculación desde la campaña 23/24 y sería descabellado pensar, apuntan las mismas fuentes, que esos procesos vayan a ser anulados de forma retroactiva por el enorme perjuicio que eso supondría a las familias. Pero es una incógnita saber cómo va a afectar esta situación a la matriculación del próximo curso. El período comienza dentro de tres semanas.

Ante estas dudas, Educación asegura que «la citada sentencia no es firme, por lo que el decreto sigue en vigor». Mientras tanto, el Departamento de Educación afirma que «trabaja en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación y en concreto, en un nuevo texto que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación».

Las reacciones políticas no se han hecho de esperar y los primeros en señalar al departamento de Educación han sido los miembros de EH Bildu. A través de un comunicado, la formación abertzale pide a Begoña Pedrosa, la consejera del área, que comparezca para dar explicaciones «y aclarar las consecuencias de la anulación de este decreto, para dar certidumbre a las familias». El parlamentario Ikoitz Arrese ve «grave» que defectos de forma del Gobierno hayan supuesto la anulación del decreto por parte del TSJPV.