Una masiva manifestación en Bilbao exige más protagonismo y medios para la escuela pública vasca

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este sábdao las calles de Bilbao desde la sede de Educación, en el número 85 de la Gran Vía, contra el proyecto de la nueva ley vasca de Educación, porque «no responde a las necesidades» de la enseñanza pública. La marcha ha sido convocada por la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea, de la que forman parte los sindicatos LAB, STEILAS, CCOO Irakaskuntza, y ESK y asociaciones de padres y de alumnos como EHIGE, HEIZE, Ikasle Sindikatua, Ikasle Abertzaleak, Ikama o Ikasle Ekintza. También se han adherido ELA y CNT a la marcha en contra del borrador legislativo, entre otras organizaciones.

«Nos hemos juntado miles de personas en defensa de la educación pública vasca, la que es para todos, la que garantiza la cohesión social, para decir un no rotundo a la nueva ley educativa, que va a equiparar la financiación de la escuela pública y la de la privada. Y la pública debería estar en el eje del sistema educativo, hay que ponerla en el centro y que crezca, dotarla de recursos, y no al revés. Porque éste es un anteproyecto que arrincona a la escuela pública. Hay que terminar con el sistema dual que favorece la segregación y no perpetuarlo. La euskaldunización también depende de tener una escuela pública bien dotada», ha apuntado Maribel López, representante de la plataforma, que ha pedido que los partidos políticos que acordaron dar inicio al borrador en el pacto educativo del pasado mes de abril se replanteen el «rumbo que ha tomado».

Los convocantes exigen más medios para la escuela pública y menos para la concertada y que se «faciliten vías de publificación». Piden adecuar la oferta de plazas escolares a la realidad y no concertar una oferta excesiva de la red privada y dotar a la red pública de todos los recursos necesarios.

«Si se iguala la financiación de ambas redes sin aumentar el presupuesto destinado a educación, se reducirá la destinada a la red pública. Hay que aumentar la financiación de la red pública y establecer de una vez auditorías e inspecciones rigurosas para el control de la financiación de la red privada-concertada, eliminando los conciertos a los centros que no cumplan los requisitos», relatan.

De hecho, los promotores de la marcha creen que el actual sistema educativo dual público-privado no garantiza la cohesión social. «Hace que la segregación se genere y aumente constantemente. Lejos de atenuar las desigualdades existentes en la sociedad, la ley propone su perpetuación. El anteproyecto no recoge intención alguna de reducir la presencia de la red privada», critican. El borrador crea un nuevo concepto denominado Servicio Público Vasco de Educación, por el cual «este servicio se prestará a través de los centros públicos y de los privados concertados». A su juicio, esto indica claramente que «ambos sistemas se equiparan» y que «no se facilitará el crecimiento de la escuela pública ni se le dará un trato prioritario». Y es mediante la escuela pública, aseguran, con lo que se logra la cohesión social y la igualdad.

«Nuestra apuesta es que la sanidad, al igual que la educación, deben ser públicas. Lo que se reivindica es poner la pública en el centro, pero le dan más poder a la concertada. El objetivo es conseguir una privatización, sin tener en cuenta las necesidades de la pública. Muchas de las escuelas privadas y religiosas seguirán teniendo subvenciones. Hay una serie de alumnos que no podrán ir a la concertada y eso ya implica una segregación. No son los mismos derechos para todas las personas. No se puede dar más prioridad a las escuelas privadas que a las públicas», ha reclamado Manoli Etxebarria, del sindicato ESK.

Además, denuncian que el Departamento de Educación viene adoptando en los últimos meses «de forma continuada» medidas a favor de la red privada porque ha aprobado la orden de renovación y prórroga de los conciertos educativos para los próximos seis cursos, a pesar de las previsiones de bajada de la natalidad, y que el borrador de decreto de planificación reduce la ratio mínima para formar un grupo en los centros privados concertados y prevé la fusión y desaparición de numerosos centros públicos. También aseguran que se han aumentado los módulos de concertación, incrementando la financiación de los centros concertados.

Por otro lado, explican que el anteproyecto no refuerza el papel de la educación como garante del desarrollo del euskera y de la cultura vasca. «Es inespecífico. No se recoge el modelo de inmersión. No se aclara cómo lograrán el nivel B2 en euskera todos los alumnos. Si han de estudiar en tres idiomas vehiculares especialmente en entornos no vascoparlantes, creemos que el euskera saldrá perdiendo». Además, aseguran que la reforma tampoco garantiza la laicidad. «Plantea lo contrario: la oferta religiosa será obligatoria en la escuela pública y los centros concertados con ideario religioso recibirán la misma financiación que los públicos», aseguran.

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