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La plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea que engloba a distintos sectores de la red de la escuela pública vasca ha mostrado su rechazo a la futura ley de Educación. Aseguran que la norma no pone en el eje a la escuela pública y por ... ello han convocado a una manifestación el domingo día 29 de octubre en Donostia «en defensa de los servicios públicos».
Con el lema 'A favor de la escuela pública vasca, ¡no a esta ley de Educación!' esperan congregar a los ciudadanos tal y como ya hicieran en convocatorias anteriores durante el mes de junio en las tres capitales vascas donde denunciaron «las graves consecuencias» que, según su opinión, traerá la ley. Mantienen que la ley «no prioriza la escuela pública» pese a recoger que debe ser «protagonista», una característica que « no se plasma ni detalla en todo el articulado».
Entre las razones de su rechazo desde la plataforma Harro subrayan que la nueva norma perpetúa el sistema público-privado «dual atípico que nos caracteriza» a través del llamado Servicio púlbico vasco de Educación, «un eufemismo tramposo e interesado pretende igualar a los centros de titularidad pública y privada, aunque todos somos conscientes de que son totalmente diferentes»
Además critica que con la ley se financiará «al 100% a los centros privados sin exigir ningún tipo de requisito a cambio» por lo que reclaman que debería ser «publificado».
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Iñigo Fernández de Lucio
En materia de euskera, consideran que «no garantiza a todo el alumnado el uso y conocimiento». « Los modelos lingüísticos actuales siguen vigentes, no existe un marco común para todos los centros educativos que garantice el conocimiento del euskera al alumnado y los centros que no ofrezcan el modelo de inmersión y no promuevan la euskaldunización seguirán siendo concertados con dinero público».
Y explican desde Harro que, no ven que haya medidas «concretas» para combatirla segregación. «Las medidas tomadas hasta ahora tendrán muy poco impacto y, en la medida en que se mantiene la concertación universal, se perpetuará la segregación».
En resumen, Harro cree que la ley es un proyecto «privatizador» y que no quiere resolver «el principal problema del sistema, que es dual y generador de una segregación permanente, no garantiza la euskaldunización del alumnado, permite el adoctrinamiento y favorece la competencia entre escuelas en nombre de la autonomía.
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