Los sindicatos exigen cumplir el pacto que marca un sueldo mayor para la concertada

Unos meses después, no obstante, no está nada claro que los centros vayan a poder hacer frente a esos incrementos. Tal y como desveló este viernes este periódico, el Departamento de Educación avaló que las patronales, que este viernes prefirieron no pronunciarse, prometiesen sueldos superiores a los de la red pública. Pero ahora la consejería asegura que sólo aportará financiación para equiparar los sueldos de ambas redes. El resto deberán asumirlo los centros. «¿Cómo vamos a pagar?», se preguntaban este viernes muchos equipos directivos. «Vamos en dirección contraria a la gratuidad», afirmaban.

Esta postura del departamento, no obstante, arroja ciertos interrogantes. El decreto que regula el pago delegado –el mecanismo por el que la Administración abona el sueldo del profesorado de la concertada– señala en su artículo 3.2 que «la cuantía de cada uno de los conceptos retributivos a que hace referencia» el pago delegado «será la establecida en el Convenio Colectivo de la Enseñanza Privada de Euskadi».

En cualquier caso, y ante el riesgo real de que algunos colegios no puedan abonar lo prometido a sus plantillas, los sindicatos marcan posiciones. «Tenemos un acuerdo firmado que habrá que cumplir, y eso lo vamos a defender a capa y espada», resume Miren Zubizarreta, portavoz de ELA, central mayoritaria en los centros de iniciativa social. «Los responsables son el departamento y las patronales. Los trabajadores cumplimos con nuestra parte», asegura, en referencia a la desconvocatoria de la huelga al día siguiente de alcanzar el acuerdo.

Nagore Iturrioz, portavoz de Steilas, también apela a lo firmado y considera que lo que debería suceder ahora es «que se suba el sueldo en la Administración pública». Además, critica que el departamento no haya trasladado aún el desglose de cómo se van a invertir los 67 millones de euros aprobados esta semana para la red concertada; ni tampoco la tabla de pago delegado actualizada.

Julen Llanos (CC OO) recuerda las «grandes» diferencias laborales que existen en las dos redes. En la concertada, por ejemplo, se dan más horas lectivas y el profesorado puede impartir más materias. Por eso asegura que la «equiparación» a la que hace referencia el departamento «es falsa». Subraya, desde esta perspectiva, que los salarios pactados son «consecuencia de más de una década de lucha» y rechaza ligar los salarios a la financiación pública, ya que eso «busca acabar con la capacidad de movilización».

Por su parte, Roberto Casas (UGT) sí ve con buenos ojos la equiparación «porque es lo mejor para todos; no hablamos sólo de sueldos, sino también de blindar los puestos de trabajo» en un contexto de caída de la natalidad. Eso sí, asume que «el acuerdo está firmado y hay que cumplirlo». Por último, Garbiñe Aranburu (LAB) dijo este viernes que ve como algo «positivo» la equiparación de «todos» los trabajadores, pero aboga por «controlar» el cobro de cuotas.

Más allá de la parte sindical, lo cierto es que existe cierto malestar en la red pública por los pactos alcanzados en la mesa de la concertada y que haya «recortes» mientras «se anuncia más dinero para la red privada». Aurelio Medina, profesor de Gimnasia en la red pública y exsindicalista, considera «inadmisible» el 'sorpasso' salarial cuando en la pública «aprobamos oposiciones y pasamos muchos años de un lado para otro sin plaza fija como interinos». En cambio, recuerda, «la política de contratación en la concertada es totalmente distinta y los centros pueden elegir sus profesores». Otros docentes consultados, por su parte, matizan que su denuncia no va «contra los trabajadores» de la concertada, sino contra «las políticas» del Departamento de Educación.