La España atrapada en casa: 1 de cada 3 españoles vive en un edificio sin accesibilidad

Manuela Fernández, o como ella prefiere que la llamen Manoli, tiene 71 años y más de la mitad de su vida la ha pasado en su cuarto piso. «Bueno, los años de la covid los pasé en el pueblo, pero no lo digas muy alto», señala entre risas. No recuerda las veces que ha bajado los 64 escalones que separan su casa de la acera municipal. «Cada día pesan más, la edad, hijo», señala. Y desde hace unos años, más tras perder el 70% de su visión por, como dice ella, por «el maldito azúcar».

Para Manoli, bajar a por el pan, tirar la basura o, simplemente, dar un paseo, ha pasado de ser una acción rutinaria a convertirse en una preocupación y, sobre todo, en un riesgo, porque no ve bien los escalones.

Ella forma parte del grupo de españoles, uno de cada tres según el Instituto Nacional de Estadística, que no tiene su lugar de residencia adaptado a condiciones de accesibilidad para todos. Tampoco lo tenía Capilla Fernández, vecina del portal contiguo. Hace dos años, tras perder la movilidad en las piernas, tuvo que dejar su 'primero' para comprar un bajo y poder salir a la calle. La falta de ascensor le impedía salir de su bloque.

Las viviendas de Manuela y Capilla son dos ejemplos de los 6,4 millones de hogares en España que no son accesibles, según datos de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas del Instituto Nacional de Estadística publicada en 2023 y construida con datos de 2021.

Ellas -como la amplia mayoría de la población- viven en bloques de viviendas. Según datos de Eurostat, España es el país de la Unión Europea viviendo en un apartamento, un 66% frente al 40% que marca la media. El éxodo rural de los años 60 provocó un boom en la construcción residencial. Miles de personas dejaron el campo para ir a la ciudad y redefinieron los desarrollos urbanísticos de las urbes.

Solo entre 1954 y 1961, en España se construyeron 1.000 bloques de apartamentos, como apunta una investigación de la Universidad de Harvard y corroboran los datos del Catastro. En aquella época, la instalación de ascensores era carísima. El bloque de Manoli «es de los 70», recuerda. Y está en la media de la construcción por plantas: cuatro.

En cada reunión de vecinos, desde hace varios años, siempre está en el orden del día «debate sobre la instalación de dos ascensores». Pero siempre queda en nada. «Si es que la mayoría somos pensionistas y como mínimo son casi 100.000 euros porque no hay hueco y es mucha obra», asegura.

Aunque el ascensor, especialmente en las construcciones a partir de los 90, se ha convertido en un elemento democrático. La inversión para instalar uno en un edificio comporta un quebradero de cabeza y un importante desembolso económico, aunque el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal dice que una comunidad de propietarios tiene la obligación de instalar un ascensor para mejorar la accesibilidad cuando una persona con discapacidad, movilidad reducida o mayor de 70 años resida, trabaje o sea voluntaria en el edificio, y así lo solicite. La normativa española señala que sólo se requiere mayoría simple en la junta de propietarios. Pero no siempre pasa así.

La prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad, pero de manera diferente en mujeres y hombres. Hasta los 44 años es algo más elevado entre los hombres que entre las mujeres, para invertirse la relación a partir de los 45 años. A partir de los 70, la prevalencia entre las mujeres llega al 40,6%, mientras que entre los hombres se sitúa en el 28,4%, coincidiendo con la evidencia nacional e internacional.

Y más de un millón -1,06 millones concretamente- viven solas: 732.000 mujeres y 327.000 hombres. Esto supone el 24,5% de los 4,3 millones de personas con discapacidad que hay en el país. Manoli tiene la suerte de tener a su lado a su marido, Pedro, también septuagenario como ella y jubilado. Capilla, no. Por ello y por la negativa de su comunidad tuvo que vender su casa donde vivía desde hace más de cuatro décadas para evitar quedar encerrada.

Por ello, tras la reforma de la Constitución para promover la inclusión social de las personas con discapacidad, las autoridades buscan ir un paso más allá en apuntalar un marco jurídico que refuerce la accesibilidad como un derecho. El anteproyecto de ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros amplía los supuestos en que las comunidades de vecinos tendrán la obligación de instalar ascensores o rampas. Así, en materia de vivienda, reforma la ley de propiedad horizontal para que las obras que faciliten la accesibilidad, como ascensores o rampas, sean obligatorias y siempre que un vecino lo pida, haya que solicitar las ayudas existentes. Y si las comunidades de vecinos se niegan, se habilita a los ciudadanos a acudir a la justicia.

Además, la ley recoge el deber de las administraciones de habilitar líneas de ayudas y rebaja el porcentaje del 75% al 70% del importe de las obras que deberán cubrir las subvenciones para que sean obligatorias. Es decir, con la reforma si alguien tiene una subvención del 70% del importe de la obra, esa obra se deberá realizar obligatoriamente.

Quizá salga a debate en la próxima junta de vecinos (Manoli la tiene el 18 de febrero), según anuncia un cartel en su portal. «Se lo diré a Pedro», sonríe mientras lo dice. Lo podrá decir y quedará anotado en las actas de la comunidad, sin embargo, aún quedan muchos pasos para que esta modificación se haga realidad, ya que todavía debe pasar por el Congreso de los Diputados. ¿El ascensor? Quizá lleve la misma tramitación.

Los casos de Manoli y Capilla, dos vecinas madrileñas, no son los únicos en la península ibérica. La España inaccesible se extiende a lo largo y ancho de la geografía española, siendo Canarias la región con edificios menos accesibles de todo el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los expertos aseguran que el urbanismo canario se caracteriza por los centros históricos precoloniales y construcciones estrechas con muy poca altura. En España, la normativa establece la obligatoriedad de instalar un ascensor cuando se superan las cuatro plantas en el edificio. Muchos bloques se sitúan entre las 3 y 4, quedando exentas de esa obligación.

En los municipios de menos de 50.000 habitantes, un 29,6% de los hogares viven en pisos altos sin ascensor.

Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de la ciudad este porcentaje se va reduciendo hasta alcanzar un 17% en las grandes ciudades.

Mientras llega la resolución y la rehabilitación, más de 2 millones de viviendas en pisos de tres o más alturas son el resumen de una carencia y restricción de derechos en España.

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