2.400 guipuzcoanos realizaron trabajos comunitarios para evitar la cárcel el pasado año

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y el presidente de Eudel y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, han rubricado este jueves el documento en las instalaciones de Berjantzi, de Cáritas, una de las entidades sociales que también participa de este programa de Justicia.

«Hoy, Eudel y el Gobierno Vasco vamos a reforzar nuestra alianza», ha comenzado exponiendo la consejera. «Una alianza que busca la consecución de una sociedad más justa, amparada en los valores de la justicia restaurativa, en la reconducción de las conductas y en el beneficio de la comunidad».

Artolazabal ha solicitado la colaboración de los ayuntamientos para el cumplimiento de las TBC y ha dicho que «necesitamos que aumenten las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario». Asimismo, ha hecho extensiva esta petición a las entidades del Tercer Sector Social, ya involucradas en estos programas de cumplimiento de penas.

En este sentido, la consejera ha argumentado como una alternativa para quien haya cometido un delito relacionado con el tráfico la realización de talleres de seguridad vial o el trabajo con personas que hayan sufrido un siniestro. En el caso de los ayuntamientos, ha hablado de trabajos en jardines, mobiliario urbano, servicios sociales… «Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado», ha dicho.

En cuanto al perfil de las personas condenadas, se trata en su mayoría de hombres (89%) de entre 31 y 50 años. La mayoría de estas personas procede de Bizkaia, un 60% aproximadamente, mientras que Araba y Gipuzkoa se reparten el resto de porcentaje a partes iguales.

Entre los delitos más comunes se encuentran los relacionados con la seguridad vial, con el 30% de las ejecutorias, y violencia de género, con el 20%.

«Nuestro compromiso es facilitar que el mayor número posible de personas puedan cumplir su pena dentro de su municipio y evitar así el desarraigo de su entorno familiar, social y laboral». Gorka Urtaran ha destacado el «doble beneficio» que supone para la calidad de vida de la persona, y a la vez, para el bienestar de la comunidad local, de la que también forma parte.

Las restricciones impuestas por la situación socio-sanitaria han condicionado de una manera notoria la gestión de las medidas ejecutorias penales de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC). En este sentido, el cierre de algunas entidades y las limitaciones de movilidad o de aforo han hecho imposible el desarrollo de algunas actividades.

En 2019, se contabilizaron 5.280 medidas ejecutorias nuevas, que se sumaron a las 4.883 ya en marcha de años anteriores. En total, se gestionaron 10.163 medidas (Araba, 2.011; Gipuzkoa, 1.807 y Bizkaia, 6.345)

En 2020, con todas las limitaciones antiCovid activas, 3.085 nuevas ejecutorias se añadieron a las 3.132 en desarrollo del año anterior, haciendo un total de 6.212 ejecutorias (Araba, 1.346; Gipuzkoa, 1.003, y Bizkaia, 3.868)

Por último, en 2021, llegaron 6.316 ejecutorias, que se unieron a las 5.701 de 2020 hasta hacer un total de 12.017 (Araba, 2.545; Gipuzkoa, 2.427 y Bizkaia, 7.045). En este balance, es evidente que durante el año que estalló la pandemia la ejecución de medidas se vio seriamente afectada, quedando un porcentaje muy alto a desarrollar a lo largo del siguiente ejercicio.