Euskadi se convertirá en la tercera comunidad del Estado en implantar la tasa turística

Así lo ha verbalizado durante los últimos días el propio Ejecutivo vasco en boca del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, quien se ha dado un plazo de seis meses para presentar una propuesta sobre este nuevo impuesto, destinado a «gravar las estancias de los viajeros y potenciar la competitividad y sostenibilidad del sector». El País Vasco se convertiría de esta forma en la tercera comunidad autónoma del Estado, tras Cataluña y Baleares, en implantar este canon que ya se cobra a los visitantes en hasta 137 ciudades de 20 países europeos, entre las que se encuentran París, Roma, Berlín, Lisboa, Bruselas o Budapest, por citar algunos ejemplos.

En España, Cataluña fue la primera en implantar este impuesto sobre las estancias turísticas en 2012. Lo hizo en medio de una fuerte oposición por parte del propio sector. «Los argumentos que se utilizaron desde las patronales del sector eran variados: la mala imagen que generaba la creación de un nuevo impuesto en el destino turístico, la posibilidad de que los operadores turísticos 'castigaran' a Cataluña desviando a los turistas a otros destinos alternativos, o el desconocimiento del destino final de la recaudación obtenida por este nuevo impuesto», explica a este periódico Marta Domènech, directora general de Turismo de la Generalitat de Catalunya.

El objetivo principal del Ejecutivo catalán con este canon era «la dotación de recursos» para destinarlos a «proyectos y acciones vinculadas» al propio turismo, como «la promoción turística de Cataluña», «el impulso del turismo sostenible, responsable y de calidad y la protección, preservación, recuperación y mejora de los recursos turísticos», o «la formación para el sector». Actualmente, Cataluña recauda anualmente alrededor de 80 millones de euros a través de esta tasa, de los cuales la mitad son gestionados por la Generalitat y, la otra mitad, por las administraciones locales.

El hecho imponible para cobrar este gravamen son las estancias en los establecimientos y equipamientos turísticos, entendiéndose como tal no solo la pernoctación sino el disfrute en un hotel por un día o fracción durmiendo o no en él, quedando exentos de pagar este canon solo los menores de 16 años. La comunidad cuenta con dos tarifas, una general para Cataluña y otra específica para Barcelona con la que «se intenta diversificar y mejorar la desconcentración territorial». La cuantía a pagar por el viajero varía también en función de la categoría del establecimiento en el que se va a alojar el visitante. De esta manera, el montante a abonar por el turista puede variar desde los 60 céntimos a los 3 euros por día por alojarse en un hotel de cinco estrellas en Girona, Lleida o Tarragona, o de un euro a los 6,75 en el caso específico de Barcelona ciudad. «Siempre se computa un máximo de siete unidades de estancia por persona», matiza Domènech, es decir, «alguien que esté alojado ocho días o más en un mismo establecimiento solo pagará el impuesto correspondiente a siete días».

Más de una década después de la implantación de este canon en Cataluña, la directora general de Turismo de la Generalitat corrobora que «la imposición del impuesto turístico no afecta a datos de ocupación y gasto turístico. Ahora el sector apuesta claramente por el impuesto», certifica dejando claro que «todo tipo de carga impositiva debe tener gobernanza fuerte y explicarlo muy bien».

El segundo caso más cercano que Euskadi puede estudiar es el de las Islas Baleares, donde este gravamen está activo desde el año 2016. Conocido oficialmente como 'ecotasa', es el «impuesto sobre estancias turísticas y para el impulso del turismo sostenible» que entró en funcionamiento con el objetivo de «sustentar nuestro modelo medioambiental, con todos los recursos de mejora medioambiental y de sostenibilidad medioambiental, y todo lo que sea mejorar el destino turístico», detalla a este periódico Josep Aloy, director general de Turismo del Gobierno de Baleares. El debate de este impuesto surgió, rememora, «por una cierta preocupación, valorando el peso que suponía, en este caso, el coste medioambiental del turismo. De esta manera, se puso sobre la mesa que, a través de un impuesto, con carácter finalista, se minimizase ese impacto».

Al igual que en Cataluña, el impuesto se cobra en todos los alojamientos turísticos de las islas y cruceros tanto a los turistas como a los residentes de Baleares cuando se alojen en un establecimiento, con excepción de los menores de 16 años. En este caso las tarifas no hacen excepciones por isla; es decir, en Palma no se paga más que en Ibiza, pero sí por temporada. De esta manera, el montante a abonar es más elevado entre mayo y octubre que entre noviembre y abril. En temporada baja, la horquilla varía desde los 25 céntimos a pagar en un hostal al euro en un hotel, mientras que en temporada alta varía de un euro a los cuatro en el caso más caro.

Dependiendo del año y de la afluencia de turistas a la isla, Baleares recauda alrededor de 140 millones de euros anuales a partir de este canon que revierten en diferentes proyectos ligados estrechamente con el propio turismo. Aloy cita algunos ejemplos como mejorar «el ciclo del agua» –«tenemos un porcentaje del 40% de fugas»–, «los destinos turísticos», la «deficiencia energética», inversiones en «la formación», que «para nosotros es un tema muy importante», o destinados a la «preservación del patrimonio».

El director general de Turismo del Gobierno de Baleares admite que «cuando empezamos el debate» sobre este impuesto, «yo no era muy partidario de ello», y que necesitó de un tiempo para asimilarlo. «Mi reconversión fue un poco el ver que esto no tenía efectos a nuestros potenciales mercados, que el propio sector de alojamiento lo fue asimilando. El turista no lo cuestiona. Quien más lo hace, también te lo diré, es el nacional», asegura.

Más allá del ámbito estatal, la tasa turística está ya implantada en hasta 137 ciudades de una veintena de países europeos, prácticamente en la totalidad de capitales y en la mayoría de localidades importantes. En estos casos, existen diferentes modelos de tarifas. Por un lado, las ciudades que cobran un canon fijo, como puede ser París, Roma, Lisboa o Bruselas, y por otro las localidades donde el turista debe abonar un porcentaje del precio de la estancia. Este último es el caso de Berlín, Amsterdam o Viena, por ejemplo.

¿Y Euskadi? El Gobierno Vasco se ha dado un plazo de seis meses para presentar una propuesta y, aunque aún se desconoce los pormenores de la posible tasa turística vasca, el consejero Hurtado sí que ha adelantado en las últimas semanas que su departamento trabaja en «un impuesto autonómico», que «oscilará entre uno y cinco euros» y que será progresivo. «No es lo mismo alojarse en un camping que en un hotel de cinco estrellas. No será lo mismo venir en una época del año que en otra», ha matizado el consejero. Es decir, no abonarán la misma cantidad los turistas que pernocten en un hotel de 5 estrellas o los que lo hagan en un camping.

Aunque el Ejecutivo desconoce aún cuánto se podría recaudar con este canon, –fuentes del Departamento de Turismo aseguran que ese es uno de los trabajos que deben realizar en estos meses– lo que sí parece claro es que tendrá un objetivo finalista, «que revierta en el propio sector».