Más de 39.000 vascos no acceden a la RGI a pesar de encontrarse en situación de pobreza

Si se suma el número de personas atendidas en el sistema y el que no ha percibido ningún tipo de ayuda aun estando en situación de pobreza, la cifra de necesitados asciende a casi 160.000 en el conjunto de Euskadi el año pasado. Sea como fuere, es el registro más bajo desde que estallara la crisis de 2008, cuando la población pobre en el País Vasco se situaba en torno a los 130.500 habitantes.

Desde entonces, las personas con problemas económicos fueron incrementado, hasta alcanzar las 207.898 en 2014. Ahora, tras la pandemia y pese a la inflación, los umbrales de pobreza se contienen, con el 4% de la población vasca sin recursos, frente al 5,6% de hace dos años. Gipuzkoa es, además, el territorio con menor tasa de necesitados.

Esa mejoría económica se aprecia en los perceptores de la RGI, que tiene como objetivo atender las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral, con una prestación mensual que oscila entre los 800 euros mensuales para familias con un solo miembro y los 1.573. Así, no solo desciende el número de los beneficiarios de esta ayuda, sino que también lo hace el de quienes no la reciben a pesar de necesitarla –que normalmente son «pensionistas y trabajadores pobres, que tienen derecho a percibir un porcentaje de la ayuda», matiza el director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social (SIIS), Joseba Zalakain–, además de quienes no cumplen algún requisito, muchas veces relacionado con el empadronamiento.

El año pasado fueron 39.143, unos 15.000 menos que en 2020, cuando la población pobre no atendida en el sistema fue de 54.197. En 2018 fueron 197.185; en 2016, 59.497; en 2014, 57.307; y en 2008, coincidiendo con la crisis financiera, 47.542.

Los datos hablan por sí solos. Los registros del último año son los mejores de la historia. Y el departamento vasco de Trabajo y Empleo, a través de la reforma de la RGI que entró en vigor el pasado mes de marzo, pretende ampliar la cobertura de esta ayuda a «todos aquellos que la necesiten», según fuentes del área que dirige Idoia Mendia, para lo que ha flexibilizado los requisitos de acceso. Si en abril de este año había 50.801 perceptores de la RGI en Euskadi, en septiembre fueron 53.941, según datos del servicio vasco de empleo Lanbide.

«Cuanto más amplia sea la capacidad de protección del sistema», dice Zalakain, «se reduce el número de potenciales usuarios» porque pasan a ser usuarios en regla. Esto hace que «el sistema sea más eficaz», que es uno de los objetivos principales de la nueva RGI, que en apenas seis meses ha llegado a 30.000 personas más. Pero no solo, el número de personas que necesitándolo no cobra las ayudas sociales como la RGI depende también de «cuánto aumenta o disminuye la gente en situación de pobreza y en 2022 hay menos porque ha habido una reducción de la pobreza». Es la ley de causa y efecto.

Hace una década que Gipuzkoa no registraba un porcentaje tan bajo de población sin recursos, un 3,7% frente al 4% de la media vasca. Es una de las cifras de este informe que más llama la atención, después de una pandemia, la guerra de Ucrania y la posterior inflación. Pero no es la única. «Por primera vez desde 2008, hay una reducción bastante clara de la pobreza y desigualdad entre los inmigrantes y las familias con niños», analiza el director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social (SIIS), mientras «ha subido la pobreza entre la gente más mayor» y que supuestamente está «más estable», tal como refleja el documento.

De momento, habrá que esperar a la encuesta de 2024 para saber si se trata de un hecho puntual o un cambio de tendencia que se prolongará en el tiempo, pero la realidad es que «la evolución de los datos desde 2020 a 2022 es muy diferente a lo que estuvo ocurriendo entre 2008 y 2020». Hasta ahora, los grupos donde más solía aumentar la pobreza eran los considerados como más vulnerables, es decir, personas extranjeras y familias con niños, pero estos últimos dos años «ha pasado lo contrario de lo que venía ocurriendo desde 2008».

Aunque la encuesta habla de una «mejoría en la pobreza real generalizada en todos los grupos», esta se ha dado con «diferente intensidad» en cada uno de ellos. Y destaca por ser mayor entre las personas de origen extranjero. Tras quince años por encima del 25%, por primera vez el año pasado la tasa de pobreza entre las personas extranjeras que residen en Euskadi ha bajado del 20%. En dos años, además, el descenso ha sido de 14,2 puntos, mientras que la bajada entre las personas de origen español es menor, 0,6 puntos, alcanzando ahora el 2,1%.

En 2020, el 34,1% de los inmigrantes que vivían en alguno de los tres territorios vascos tenían problemas económicos para cubrir sus necesidades básicas, frente al 19,9 % de 2022. Entre 2012 y 2018 ese porcentaje ha evolucionado, pasando por el 28,6%, 32,5%, 27,4% y 38,5%, en ningún momento por debajo del 27% y mucho menos del 20%.

La evolución es similar si se miran los datos de las personas mayores, en edad anterior a jubilarse, aunque en un porcentaje menor. En 2020 el 3,1% de las personas de entre 55 y 64 años estaba en situación de pobreza, frente al 3,3% de 2022. Entre los mayores de 65 años, por su parte, la incidencia se mantiene muy similar en los últimos dos años, rondando el 1,7%.

Aunque no hay una explicación única para este cambio de tendencia, Zalakain cree que podría deberse a que «de 2020 a 2022», con motivo de la pandemia y la guerra de Ucrania, entre otras cosas, «ha habido unas políticas de protección muy diferentes a las que hubo en las crisis anteriores, como la de 2008. Quizá, el mercado de trabajo también ha mejorado», reflexiona. A fin de cuentas, «la incidencia de la pobreza varía por el empleo y las ayudas».