La factura de la luz comienza a subir por la retirada progresiva de las medidas anticrisis

El aumento en la factura de la luz era lo previsible con la entrada en 2024, y así se podrá comprobar al recibir el cobro por sus consumos de enero y febrero. Según el análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un recibo tipo para un hogar con una potencia contratada de 4,6 kilovatios (kW) y un consumo de 292 kilovatios hora (kWh) al mes se encareció en enero en un 10,5%, hasta alcanzar los 63,10 euros, seis más que en diciembre.

Además de la recuperación del IVA del 21%, hay dos elementos que explican la subida de los precios que ya estaban anunciados y que, por tanto, ya anticipaban que las facturas energéticas serán mayores este año que en 2023. De hecho, esos 63,10 euros representan el recibo medio más alto desde febrero de 2023.

Por un lado, la retirada progresiva de las medidas anticrisis que impulsó el Gobierno en 2022 para contener los precios energéticos finales a raíz de la invasión de Ucrania y el encarecimiento que supuso de las materias primas como el gas. Entre ellas, la reducción de los impuestos que gravan la luz: el IVA y el Especial sobre la Electricidad.

Por otro, la entrada en vigor de un nuevo método de fijación del precio de la tarifa eléctrica regulada (PVPC), con el que se pretende reducir los vaivenes de precios en momentos de crisis haciendo la tarifa más estable, pero que tiene como contrapartida un incremento del coste de la electricidad.

La retirada escalonada de las medidas anticrisis ha vivido su primer capítulo este pasado 1 de enero. Desde ese día el IVA subió del 5% al 10%. Así se iba a mantener todo este año para los contratos que no superasen los 10 kW de potencia y mientras el precio mensual de la electricidad en el mercado mayorista no rebasara los 45 euros por megavatio hora (€/MWh), que es lo que ha pasado. Este gravamen del 21% era el tipo vigente antes de la rebaja gubernamental.

El Impuesto Especial sobre la Electricidad ha pasado también con el nuevo año del 0,5% al 2,5% hasta el día 31 de este mes. El 1 de abril volverá a registrar otra subida, entonces al 3,8% y hasta el 30 de junio. El 1 de julio volverá al 5,11%, su estado de origen.

Una tercera medida impositiva que repercute en el encarecimiento de la factura final es el fin, también desde el 1 de enero, de la exoneración total del impuesto a la producción de la energía eléctrica que pagan los productores (7%). En 2022 y 2023 estuvo suspendido, pero este año el Gobierno vuelve a recaudarlo. Lo va a hacer de forma progresiva. Durante el primer trimestre cobrará la mitad (3,5%), y en el segundo, el 75% (5,25%). La tasa volverá al 7% original el 1 de julio.

Aunque no es un impuesto que pagan directamente los consumidores sino las compañías energéticas, es razonable pensar que ese coste acaba repercutiendo en los precios de la luz y, por lo tanto, en la factura de los clientes finales. Las propias compañías eléctricas estiman que este impuesto supone un aumento de la factura del 4,2% para un consumidor doméstico medio. Así las cosas, la recuperación de un impuesto y la subida de otros dos representa la mayor parte del encarecimiento de la primera factura del año.

Pero hay un segundo factor. Este año ha cambiado el sistema de fijación del precio de la tarifa eléctrica regulada, la que fuerza al consumidor a estar pendiente de las horas si quiere lograr ahorros importantes en su factura. Para reducir la brecha entre los precios máximos y mínimos diarios y dar más estabilidad a este sistema, al que están acogidos por fuerza los beneficiarios del bono social, el Gobierno ha modificado su método de cálculo. La reforma entró en vigor el 1 de enero.

En resumen, se reduce la vinculación de la tarifa al precio diario de la luz, indexándolo progresivamente más cada año a los mercados de futuros (mensual, trimestral y anual) menos volátiles que los diarios. Así, si hasta el 31 de diciembre el 100% de la influencia de los precios internacionales en la tarifa eléctrica correspondía al mercado diario, este peso se irá reduciendo año a año hasta llegar al 45% en 2026 (75% en 2024 y 60% en 2025).

La OCU admite que el nuevo sistema «sí ha conseguido una tarifa más estable», pero recalca que «no más barata». La organización concreta que «la experiencia durante el mes de enero es que el ajuste para incorporar al precio de una serie de productos a plazo (mensual, trimestral y anual) ha servido para que en horas en las que el precio hubiera sido 'bajo', el ajuste añadido lo ha evitado. Sin embargo, en los horarios con precios más caros ese ajuste no ha sido negativo y, si lo ha habido, ha sido inapreciable». Según sus cálculos, este cambio ha supuesto un aumento de la factura del 2,9% en enero.