Las familias con derecho subjetivo a una vivienda se duplican en un año en Euskadi

El crecimiento de beneficiarios en 2024 ha superado todas las previsiones, hasta el punto de que ayer el Gobierno Vasco aprobó una partida de 30 millones de euros para hacer frente a los pagos previstos de la PEV de este año. El presupuesto del año pasado fueron 23 millones. La dotación aumenta así un 30%.

Semejante incremento se explica por las nuevas condiciones para optar a ser titular de este derecho que entraron en vigor en octubre de 2023, mucho más beneficiosas que las anteriores, y porque también en esa fecha se unificaron las dos ayudas generales que hasta entonces había en Euskadi para el alquiler (sin contar las específicas para la emancipación de jóvenes): la PEV y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), también de 300 euros pero que estaba vinculada a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y, por tanto, era gestionada por Lanbide en lugar de por el departamento de Vivienda. La integración de la segunda en la primera ha provocado que miles de perceptores de la RGI y la PCV hayan pasado a cobrar la PEV y a tener reconocido el derecho subjetivo a una vivienda.

Del total de familias con el derecho reconocido, 2.866 son ya adjudicatarias de una VPO de alquiler. Las otras 14.524 reciben la ayuda al alquiler.

Además de la incorporación de miles de perceptores de la RGI, el gran cambio de octubre de 2023 consistió en que se flexibilizaron las condiciones para optar al derecho. Entre las novedades con más impacto, destaca la ampliación del baremo de ingresos máximos requeridos. Hasta entonces podían solicitarlo las personas individuales con ingresos de hasta 9.000 euros anuales, las unidades convivenciales de dos miembros que ganasen menos de 12.000, y las familias de tres o más personas con recursos de hasta 15.000 euros. Hace año y medio esos límites aumentaron hasta 13.000, 17.000 y 19.000 euros, respectivamente, dando así cabida a nuevos segmentos de población.

Al mismo tiempo se rebajó de cuatro a tres años el periodo mínimo exigido como inscrito en las listas de Etxebide como demandante de un piso en alquiler para poder realizar la solicitud.

Además de los ingresos y el historial en Etxebide, para ver reconocido el derecho subjetivo a un piso hay que llevar viviendo en Euskadi un mínimo de un año de forma ininterrumpida, no ser propietario de una vivienda en condiciones de habitabilidad, y vivir de alquiler en el mercado libre pagando una renta que supera el 30% de los ingresos anuales.

El derecho subjetivo a una vivienda es el reconocimiento explícito por ley del derecho que tiene toda persona a la ocupación legal de forma estable de una vivienda digna. Euskadi ha sido la primera comunidad autónoma en reconocerlo, a través de la Ley vasca de Vivienda de 2015, que se completó con el decreto aprobado en octubre de 2023 que modificó los requisitos, lo que ha permitido incrementar de forma tan significativa el número de beneficiarios.

Los colectivos potencialmente favorecidos se han ido ampliando paulatinamente en Euskadi. En 2016 se comenzó con las familias de tres o más miembros, en 2017 se añadieron las de dos, en 2018 las personas individuales, y en 2023 se completó con el mencionado decreto regulador.

Por otro lado, el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha firmado con el Ayuntamiento de Azpeitia un acuerdo de colaboración por el que el consistorio tendrá acceso a la base de datos de Etxebide, de modo que pueda ejercer como punto de información para los azpeitiarras sobre el estado de sus inscripciones en el servicio vasco de vivienda, sobre promociones de VPO en marcha o previstas, ayudas o cualquier otro servicio relacionado con Etxebide.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, recordó este martes que estos acuerdos se llevan suscribiendo desde 2012, con la idea de que los ayuntamientos ejerzan de puente de comunicación entre sus convecinos y Etxebide, habida cuenta de que el servicio de atención ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean) solo está presente en las tres capitales vascas, Donostia, Bilbao y Vitoria. En paralelo a los acuerdos con los ayuntamientos, el Gobierno Vasco trabaja en ampliar su red de atención presencial a través de los KZgunes.

En 2012 se firmó el primer convenio con Basauri, y en 2019 con Oiartzun y la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, lo que permitió incluir también a Errenteria, Lezo y Pasaia. En este momento se están tramitando convenios similares con varios ayuntamientos, entre ellos Zarautz, Zumaia, Urretxu, Bilbao, Bermeo, Basauri, Gorbeialdea o Getxo, siendo Azpeitia el primero en haber finalizado los trámites.