La Fiscalía vasca denuncia una «muy grave» falta de coordinación policial en materia de violencia machista

Este documento, cuyo contenido ya se dio a conocer el pasado mes de septiembre, contempla un total de 75.000 denuncias por delito registradas en 2022, lo que supone un incremento del 17% respecto al año anterior.

La Fiscal superior ha centrado su intervención en detallar las principales conclusiones que el ministerio público extrae de la evolución de las distintas tipologías de delitos.

En el caso de los delitos contra la libertad sexual, ha reiterado la «preocupación» de la Fiscalía por el incremento «exponencial» de estas conductas. Carmen Adán ha alertado de la especial gravedad de los delitos contra la libertad sexual que se cometen en grupo, así como de aquellos en los que las víctimas son menores.

En este último caso, ha explicado que cuando las agresiones o abusos sexuales proceden de «ambientes cercanos o familiares», existe una especie de «ley del silencio» que dificulta que estas conductas salgan a la luz y sean denunciadas.

Adán considera que el aumento de delitos contra la libertad sexual, especialmente en el caso de los menores de edad o jóvenes, tiene como una de las razones «evidentes» la «falta o carencias en educación sexual». «Es evidente que el acceso a la pornografía temprana está influyendo», ha explicado, tras lo que ha subrayado que también «llama mucho la atención» que «cada vez hay más» agresores menores «que no tienen conciencia de estar cometiendo un delito de agresión sexual».

La Fiscal superior del País Vasco también ha considerado que las cifras sobre violencia machista son «demasiado elevadas». En este sentido, ha explicado que la labor policial resulta «esencial» para combatir esta forma de violencia, y que la coordinación entre los distintos cuerpos policiales es «fundamental».

Adán ha informado de que el mes próximo se celebrará una nueva reunión del grupo de trabajo sobre violencia de género, en la que en el orden del día figura «otra vez» el tema de la coordinación entre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), dependiente del Ministerio del Interior, y la Ertzaintza.

«Esto tendría que estar ya solucionado. Estamos a la espera de que realmente se superen esos temas que se dicen de problemas técnicos, que es lo que lo impiden», ha manifestado.

La Fiscal superior ha añadido que este es un asunto en el que «en unas ocasiones se decía» que el problema era el Ministerio del Interior, mientras que otras «se decía que era de la Consejería de este territorio».

«Lo cierto es que no se coordinen las Policías en esta materia es muy grave. Llega un momento en el que o se superan los obstáculos, o lo que tenemos que reconocer es que no hacemos cada uno la parte de trabajo que nos corresponde», ha advertido.

En este sentido, ha añadido que «aquí no se trata de que cada uno diga que tiene un mejor sistema de valoración; de que cada uno diga que hace mejor su trabajo; o de darle más visibilidad». Adán ha precisado que lo importante es «que cada uno haga la parte de su trabajo».

A su vez, ha reconocido que se ha producido un «repunte» en los delitos de quebrantamiento de penas de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. «Realmente, no siempre se logra la eficaz protección de la víctima con estas medidas de prohibición de alejamiento», ha indicado.

Por otra parte, la Fiscal superior ha manifestado que, en materia de ciberdelincuencia, es necesario «ser mucho más efectivos» para combatir estos delitos. Adán también ha reiterado el cuestionamiento que se hace en la memoria de la Fiscalía respecto a la actitud del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco a las solicitudes de informes que se le realizan desde el Ministerio Público.

«Se ha pedido en bastantes ocasiones unos informes al Gobierno Vasco y a la consejería correspondiente y eso está acreditado documentalmente, como están acreditadas documentalmente las respuestas en ese procedimiento judicial», ha manifestado.

La fiscal superior ha explicado que sin pretender «desvelar ningún procedimiento y datos concretos», esta situación afecta a casos en los cuales hay 23 encausados por blanqueo de capitales , por contrabando, por delito de vertidos, y por traslado a África de vertidos y residuos peligrosos.

Carmen Adán ha afirmado que en estos casos, cuando se pide un informe al Gobierno Vasco, este «se excusa de cumplir» con dicha demanda alegando «que no se tiene conocimiento» de la empresa investigada o aporta «otro tipo de argumentos que no casan bien con esas facultades inspectoras y de control que tienen todas las administraciones».

La máxima responsable de la Fiscalía vasca ha afirmado que ante esta situación, «al final» ha tenido que «pedir de la Fiscalía de Sala de Madrid el apoyo del grupo técnico». Adán ha explicado que, finalmente, el informe técnico requerido se ha tenido que aportar «desde Fiscalía de Madrid», que lo ha presentado «sin problemas».

Adán ha señalado que cuando plantea esta situación, no lo hace con «ánimo de conflicto con nadie». «No queremos cuestionar ninguna Administración», ha añadido.

En la misma línea, ha manifestado que en lo que se refiere a las agencias del agua «todos los casos que llegan son casos en los cuales las denuncias vienen de colectivos o de organizaciones», mientras «no hay ni una sola denuncia que llegue de la Administración». «Sin ningún ánimo de colisión, hacemos constar lo que hay y lo que vemos», ha afirmado.