El Gobierno Vasco creará un manual para evitar sentencias contra el euskera en las OPE

Un grupo de juristas, junto a representantes de las distintas administraciones públicas, está analizando las últimas sentencias sobre los requisitos lingüísticos en las contrataciones públicas para que el Gobierno Vasco pueda «construir una hoja de ruta» o «una especie de manual» sobre las cláusulas lingüísticas, según reveló este miércoles la viceconsejera de Política Lingüística Miren Dobaran.

El objetivo principal será determinar si, después de las últimas decisiones judiciales contrarias a imponer perfiles con nivel de euskera en OPEs en Euskadi, hay «algo que cambiar o debilidades» en la actual legislación sobre la exigencia de las aptitudes lingüísticas en la contratación pública. Y si es así, «tomar decisiones políticas si hay que tomarlas». «Al fin y al cabo, lo que queremos es realizar lecturas de todas las sentencias y construir entre todos una hoja de ruta para el futuro, una especie de manual para extender el conocimiento sobre las contrataciones y las cláusulas lingüísticas entre nuestros técnicos de contratación», explicó Dobaran.

A principios de marzo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó el recurso presentado por dos aspirantes y anuló la exigencia del euskera en unas oposiciones de la Fundación Uliazpi, dependiente de la Diputación de Gipuzkoa, al considerarla discriminatoria por razones lingüísticas, ya que de las 34 plazas ofertadas 32 exigían euskera.

La propia Diputación avanzó que piensa recurrir la sentencia, que todavía no es firme, y fueron muchas las voces que criticaron la decisión, entre otros el sindicato LAB, Kontseilua, Behatokia o UEMA, la mancomunidad de municipios euskaldunes, que denunciaron que era «grave y retrógrada» y señalaron que se enmarca dentro de una «arremetida judicial». También se sumó a la denuncia Ana Urkiza, presidenta de Eusko Ikaskuntza, al considerar que «los jueces participan demasiado» y desear que sean «los últimos coletazos judiciales de una situación en la que una parte muy pequeña de la sociedad está intentando arroparse de la parte judicial para intentar que el euskera no llegue hasta ahí».

En una entrevista concedida este miércoles a Euskadi Irratia, Dobaran no ocultó la sorpresa del Ejecutivo vasco ante las sentencias y recalcó que se han tomado «sin tener en consideración la legislación que desde hace años se ha construido» en Euskadi en torno a los derechos lingüísticos de los vascoparlantes ni tampoco la Ley Municipal aprobada en 2016. También valoró que la decisión de presentar recursos a las sentencias dictadas hasta ahora es «política», ya que, según dijo, «los juristas nos deben decir qué opciones tenemos con esos recursos, pero la responsabilidad es política y será una decisión política la que determine si conviene seguir con los recursos o si conviene otra vía».

Eso sí, la viceconsejera quiso mirar hacia el futuro al afirmar que lo que «toca» es «hacer bien las cosas y seguir avanzando, porque está claro que aquí tenemos dos lenguas oficiales y, como administración pública, tenemos la responsabilidad de que se respeten todos los derechos lingüísticos».

Las declaraciones de Dobaran se realizaron en la víspera de que Behatokia, el Observatorio de Derechos Lingüísticos, presenta este jueves su informe de 2022 sobre los derechos lingüísticos, en el que desgranará las quejas recibidas en ámbitos como la administración, la sanidad o los servicios privados con el fin de ofrecer una «fotografía de la situación».

Según ha avanzado la institución, el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco han sido las instituciones que más quejas han recibido en 2022, aunque también ha sido notable el número de quejas recibidas por los ayuntamientos vizcaínos.

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