28,6
millones
reclama el Gobierno vasco a Verter Recycling -en fase de liquidación- por las labores de búsqueda de los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, sepultados en el derrumbe. Habrá que sumar el coste del informe de estabilidad y los 750.000 euros de ahora.
La consejera ha recordado que las tareas de estabilización, mantenimiento y sellado de Zaldibar corresponden a Verter, la empresa gestora del vertedero cuando se produjo el derrumbe que el 6 de febrero de 2020 provocó el mayor accidente medioambiental de Euskadi y acabó con la vida de dos trabajadores que fallecieron sepultados bajo los escombros, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Pero que ante su «reiterada inacción» y la «ausencia de respuesta a los diversos requerimientos» que se han hecho a la administración concursal que dirige la liquidación de la compañía, el Ejecutivo autonómico asume de nuevo de forma subsidiaria la «responsabilidad que corresponde al titular del vertedero». El Gobierno Vasco ya fue el encargado de la búsqueda de los cuerpos de Sololuze y Beltrán, por lo que reclama a Verter 29 millones de euros, y de elaborar un estudio de estabilidad.
«Sin problema inminente»
La consejera ha comparecido tras el habitual Consejo de Gobierno Vasco de los martes para informar de que su departamento recibió ayer las conclusiones del estudio encargado a comienzos de verano sobre la estabilidad global del residuo y las eventuales recomendaciones sobre los trabajos de estabilización a realizar para garantizar la seguridad en la zona. Ha señalado que «la falta de mantenimiento básico y sellado del vertedero podrían afectar a su estabilidad», aunque ha lanzado un mensaje tranquilizador al remarcar que «eso no significa que pueda haber un problema hoy o mañana, ya que el riesgo se asocia a la cantidad de lluvia y al nivel freático». La situación actual del vertedero «no supone un problema inminente», pero la antigua instalación «no es viable a largo plazo en su actual configuración», ha recalcado.
Tapia asegura que el vertedero «no supone un problema inminente, pero en su estado actual sí puede ser un riesgo a largo plazo»
Tapia ha considerado que ese riesgo puede «reducirse considerablemente en un plazo de dos o tres semanas si se procede a la compactación de tierras, con la que se mejorará notablemente la situación del vertedero, y su posterior impermeabilización». Para estas actuaciones destinará 750.000 euros. «El Gobierno actúa porque la empresa no está actuando» y porque «la prioridad de la administración es garantizar la seguridad», ha incidido antes de explicar que «la lámina impermeabilizadora evitará que el agua de lluvia entre en el vaso. Se trata de una solución eficaz que se lleva a cabo en varios vertederos de Euskadi», ha explicado.
Expedientes sancionadores
Además, ha precisado que «el incumplimiento reiterado» de los requerimientos por parte de la administración concursal traerá consigo el «inicio de forma inmediata de los expedientes sancionadores pertinentes».