El Gobierno Vasco reclama 29 millones al vertedero de Zaldibar

Verter Recycling entró en disolución a finales del pasado año. Esta decisión empresarial se produjo casi al mismo tiempo que el acuerdo judicial que asumieron su propietario, José Ignacio Barinaga; la gerente, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Etxebarria, por su responsabilidad en la pieza penal del caso. Tal y como adelantó este periódico, este pacto con la Fiscalía y las familias de los damnificados les obliga a indemnizar a las víctimas con 2,75 millones y a pagar una multa, pero les permite eludir la cárcel.

Más allá de la compensación a las víctimas, la empresa tiene todavía otros frentes abiertos. Por ejemplo, la deuda que arrastra con el Gobierno Vasco por los trabajos que los servicios públicos asumieron tras el colapso de la escombrera. A finales del pasado año trascendió que el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente reclamaba ya a Verter de forma oficial los al menos 28,7 millones que supuso el desastre.

En sus declaraciones públicas, la empresa ha mostrado en todo momento su «voluntad» de «colaborar con las autoridades», y de abonar «todo lo que se pueda». Pero la realidad es que el Gobierno Vasco ha tenido que recurrir a la vía de apremio para poder recuperar el dinero adelantado, según se desprende de una respuesta parlamentaria a la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi.

El Ejecutivo mantiene desde hace meses que, si la empresa entra en liquidación, los «gestores y administradores» de la firma, en su condición de responsables subsidiarios, tendrán que responder con sus bienes para satisfacer la deuda. Y esto es lo que, en principio, reclaman ahora desde Lakua. La empresa ya presentó un recurso administrativo para tratar de evitar el pago de los casi 29 millones de euros, pero fue rechazado. Ahora el Ejecutivo le reclama la deuda por la «vía de apremio», pero se prevén nuevos recursos.