El Gobierno Vasco ordena la clausura definitiva de Zaldibar y exige ya a Verter 28,6 millones por la búsqueda de los cuerpos

En paralelo, el Ejecutivo autonómico ha pasado también esta semana la factura a Verter por las labores de búsqueda de los cuerpos de los dos operarios que quedaron sepultados por el derrumbe. Son 28,6 millones de euros que, según la normativa, la compañía tiene de plazo para abonar hasta el 7 de marzo.

Verter, que se encuentra en proceso de liquidación, tiene suscrito un seguro de responsabilidad medioambiental y civil por contaminación derivada de su desempeño como gestora de residuos no peligrosos, así como un aval ante el Gobierno Vasco como garantía por su actividad.

Si la compañía no pudiera hacer frente a esta deuda con sus recursos propios y/o a través del seguro y el aval, la Ley de Responsabilidad Medioambiental aplicable en este caso establece que serán responsables subsidiarios de los deberes impuestos y las obligaciones pecuniarias correspondientes «los gestores y administradores cuya conducta haya sido determinante de la responsabilidad de estas». Esa atribución incluye los casos de compañías que han cesado en sus actividades, como puede ser este, «siempre que no hubieren hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incumplimiento».

Dos días antes del derrumbe uno de los fallecidos, Joaquín Beltrán, jefe de la contrata de los trabajos de aplanamiento, había alertado a Verter de la existencia de grietas y desplazamientos que le habían llamado la atención. En un informe tras analizar las causas que provocaron los dos accidentes mortales en el vertedero, la Inspección de Trabajo de Bizkaia sentenciaba que los responsables de Verter conocían la situación de «riesgo inminente» en la que se encontraba el terreno y decidieron mantener la actividad a pesar de las recomendaciones de paralizar los trabajos.

La decisión de impedir que esa zona pueda volver a utilizarse en un futuro como vertedero era esperada, pero faltaba la confirmación por parte de la autoridad competente. En este caso, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirige Arantxa Tapia (PNV).

Con la actualización de la Autorización Ambiental Integrada, dirigida a clausurar la instalación de forma definitiva y a regular el proceso de sellado, el Gobierno Vasco pone negro sobre blanco el procedimiento a seguir por parte de Verter, que ya había presentado un proyecto para tal fin que ha sido corregido y ampliado al haberse considerado insuficiente por parte de la Administración.

Ahora, Medio Ambiente concede a Verter un plazo de seis meses para completar el sellado provisional del vaso de vertido original, al que seguirá más adelante el sellado definitivo, para el que hará falta aguardar algo más.

Expertos en la materia explican que para proceder al sellado definitivo de un vertedero hay que esperar a que el material se compacte y consolide, y a que quede desgasificado de residuos orgánicos. Estas fuentes explican que en una escombrera común con bajo contenido orgánico ese proceso puede llevar en torno a nueve meses. Pero en el caso de Zaldibar, que era el mayor vertedero de Euskadi y donde se han removido 800.000 metros cúbicos de terreno en la búsqueda de los cuerpos de Sololuze y Beltrán, ese plazo puede ampliarse a un par de años. «Siempre con el margen de error e incertidumbre que supone que no hay ningún precedente de casos como este y de semejante magnitud», recalcan.

Entretanto, el calendario fijado por el Gobierno Vasco obliga a la compañía a realizar diversas labores por fases, con el objetivo de que exista un control exhaustivo de lixiviados, gases y de la propia estabilidad del terreno.

Así, en el plazo de un mes habrá de rehabilitar el sistema contra incendios, colocar hitos de control para la nueva configuración del vertedero y completar el proyecto de sellado que había presentado. Antes del 31 de marzo deberá realizar un nuevo estudio económico, un balance hídrico actualizado y un estudio de suelos y aguas subterráneas.

La firma tendrá dos meses para ejecutar las obras pertinentes para mejorar la recogida de lixiviados, y tres meses para implantar un sistema de desgasificación, ejecutar una solución transitoria de sellado, construir canales perimetrales de cierre superior para evacuar las aguas limpias fuera del vaso del vertedero, y presentar un análisis de riesgos actualizado.

Por último, la Administración da cuatro meses para completar la construcción del sellado definitivo del depósito y completar la gestión del volumen de tierras depositado a modo de relleno, así como seis meses para completar el sellado provisional del vaso de vertido original.

Este sellado provisional se suma al que ya había realizado el Gobierno Vasco con material arcilloso dentro de las actuaciones de emergencia que siguieron al deslizamiento y que se prolongaron hasta el pasado 17 de septiembre.

Una vez ejecutadas estas directrices, se esperará a que pueda producirse el sellado definitivo y se decretaría la 'postclausura', una nueva resolución para mantener controlado el entorno durante un mínimo de 30 años.