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La esperanza de vida para una persona transexual en Latinoamérica es de 35 años. Los crímenes de odio, la homofobia y transfobia, la pobreza, la exclusión laboral y social, el abandono familiar o la falta de atención sanitaria son solo una pequeña parte de la lista de problemas que persigue a un colectivo que, cada vez en mayor número, busca refugio fuera de sus países de origen. Desde 2016, en Euskadi 84 personas perseguidas por su orientación sexual solicitaron protección como refugiados -solicitudes que aún no han sido resueltas por el Gobierno central-. Entre ellas, está Fergye Baraorra, que puso ayer rostro a la denuncia trasladada desde la Diputación de Gipuzkoa y la asociación Gehitu sobre los obstáculos a los que se enfrenta este colectivo, «antes, durante y tras el procedimiento de solicitud de protección internacional».
«Yo aquí he vuelto a nacer», resume Fergye. En Donostia vivía una hermana suya y hace tres meses y medio se decidió a dejar su país, «con pena, porque he dejado allí a mi familia. Pero quien no arriesga no gana. Me siento más segura. Yo aquí puedo caminar por la calle con libertad. En mí país no lo hacía. ¿Por qué? Salía a la calle y empezaban los insultos, las ofensas. No me sentía libre». En Honduras trabajaba como técnico de prevención y sensibilización de una asociación de apoyo a personas LGTBi. Sufrió en primera persona las amenazas «de grupos antisociales», que le echaron del barrio. «Para ellos somos personas anormales», una discriminación que se confirma en las estadísticas de criminalidad y violencia contra el colectivo y en la que Honduras aparece como el país con peores registros. Es un lugar hostil. «Los crímenes de chicas 'trans' se cometen con total impunidad», denuncia Fergye.
«Hay una brecha entre el nivel de conquista social en Europa, aunque todavía quedan objetivos por lograr, y la realidad que sufren las personas LGTBi en otros países que necesitan también nuestro apoyo y nuestra solidaridad», expresó ayer el diputado de Cultura y Cooperación, Denis Itxaso, que invitó a las instituciones públicas a «enfocar» hacia esta realidad y a mejorar la acogida internacional que los países deben prestar por ley a estas personas perseguidas. La coordinadora de la entidad, Aintzane Muguruza, recordó que la ausencia de datos oficiales contribuye a esconder aún más el problema. Las cifras aportadas ayer del número de solicitantes de asilo en Euskadi han sido recabadas gracias a la colaboración de cada entidad de ayuda a personas refugiadas.
14 personas han solicitado en lo que va de año asilo en Euskadi por persecución por orientación sexual. Desde 2016, han sido 84 personas LGTBi.
A la opacidad de las cifras oficiales se une además un problema de partida: «Las personas LGTBi no suelen expresar habitualmente que el motivo por el que piden asilo es que están perseguidos por su orientación sexual. No es fácil para ellas plantearlo abiertamente. Viven ocultas en sus países», con el miedo inoculado.
Los motivos para la huida quedan claros, pero el estudio ha querido abordar qué pasa después, cómo es el proceso de solicitud de protección de asilo y qué aspectos se pueden mejorar. El exararteko Iñigo Lamarca, y militante de Gehitu, subrayó que se trata de un informe «pionero», tanto en Euskadi, como en España y probablemente en Europa, «lo cual no es una buena noticia, sino una noticia nefasta, porque son personas doblemente refugiadas», que escapan de países y sociedades opresivas donde se conculcan derechos fundamentales, como es el del derecho a la vida. «Su situación es extrema», recalcó Lamarca.
Objetivo Poner de relieve los obstáculos específicos a los que las personas refugiadas LGBTI+ se enfrentan antes, durante y tras el procedimiento de solicitud de protección internacional.
Mejoras Incluir datos objetivos en la estadística oficial y formación en cuestiones de orientación sexual e identidad de género en las entrevistas cuando piden asilo.
Las dificultades no desaparecen al poner pie en territorio 'amigo'. Entre su propia comunidad pueden sufrir el rechazo y además el proceso administrativo para lograr la protección internacional está plagado de obstáculos, empezando por su larga duración y rigidez. La Diputación exigió en este aspecto al Gobierno español «una flexibilización de la política de asilo», que incluya una preparación expresa del personal cualificado para abordar cuestiones delicadas como la persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género.
El desafío, dentro de los servicios sociales propios, es «cómo incorporamos esa mirada sin necesidad de crear guetos, pero sí para que los educadores sociales puedan detectar, intuir, orientar y comprender esta realidad. Es también una cuestión de educación y formación de nuestras estructuras», admitió Itxaso.
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