Investigan a 13 empresas informáticas por posibles pactos en contratos públicos vascos

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha abierto un expediente investigador para determinar si 13 empresas informáticas que prestan servicio a la sociedad informática del Gobierno Vasco (EJIE) pudieran haber incurrido en prácticas irregulares al pactar las condiciones de las ofertas presentadas en diferentes concursos abiertos por la entidad pública.

La entidad que preside Alba Urresola ha puesto el foco en Bilbomática, Deusto Seidor, Entelgy Ibai, Eurohelp Consulting, Ibermática, Inetum Norte, LKS Outsourcing, LKS, NTT Data, Oesia Networks, Serikat, Sopra Steria y Teknei Digital, por presuntas prácticas colutorias al llegar a acuerdos entre ellas en perjuicio de un tercero.

La investigación se inició de oficio, según consta en la web de la AVC, el pasado 17 de febrero y está recogida en el expediente 557 bajo el epígrafe 'Licitaciones EJIE'. Cuando apenas se ha iniciado su tramitación y antes de que Competencia haya concluido sus indagaciones, la cuestión ha llegado al Parlamento Vasco. El parlamentario de PP-Cs Luis Gordillo ha registrado en la Cámara de Vitoria una solicitud de información dirigida a la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi (PNV), en la que pone especial atención en una de estas firmas, Entelgy Ibai. En su escrito, Gordillo reclama el «listado de expedientes incluyendo denominación, tipo de contrato, fecha de adjudicación, importe, objeto y entidad con la que se suscribe dicho contrato y tipo de la empresa Entelgy Ibai –incluyendo UTEs en las que participe– con la Administración General de Euskadi y sus organismos dependientes, entre 2018 y 2022».

Igualmente, reclama el «listado de expedientes en los que, habiéndose presentado oferta por parte de Entelgy Ibai, incluyendo UTEs, dicha empresa no haya resultado ganadora de los concursos en los que participara entre 2018 y 2022».

EJIE es la sociedad informática del Gobierno Vasco, encargada de la digitalización de los servicios que la administración pública presta a la ciudadanía. En 2020 facturó 134 millones de euros y realizó compras de servicios informáticos externos por valor de 73,6 millones.

La Autoridad Vasca de la Competencia ha sacado a la luz en los últimos años relevantes prácticas anticompetitivas en Euskadi que, a través de pactos entre los oferentes para repartirse el mercado, lograban inflar los precios de los contratos públicos y, de rebote, las tarifas que acaban pagando los ciudadanos por determinados servicios. El más llamativo fue el de los comedores escolares, desvelado por DV en 2014, que se saldó con una multa de 18 millones de euros a ocho empresas de cátering.

En 2017, la AVC también sancionó con un millón de euros a 17 empresas de autobuses por formar un cártel para repartirse el mercado del transporte de viajeros por carretera en Gipuzkoa.