Juezas y abogadas, indignadas por la condena a 'La Manada' de Manresa

La sentencia por abuso sexual contra 'La Manada' de Manresa no para de recibir críticas de colectivos feministas y asociaciones de juristas. El dictamen ha vuelto a mostrar la necesidad de reformar el Código Penal. Al menos así lo entienden numerosas asociaciones que piden actualizar la norma para evitar que violaciones grupales como la ocurrida en la ciudad catalana o la que sucedió en Pamplona -y que fue enmendada a posteriori por el Supremo- sean catalogadas como abuso y no como agresión. Urgen actualizar una legislación que establece que «mantener o imponer una relación sexual no consentida cuando no concurren ni violencia ni intimidación y cuando la víctima está privada de sentido» está tipificado como abuso.

Este es el relato frío de lo que sucedió en Manresa. Pero las asociaciones judiciales consideran que se debe ir más allá y que hechos como el que la víctima, una menor de 14 años, fuese llevada en octubre de 2016 a una caseta cuando se encontraba inconsciente a causa de la ingesta de alcohol y haber fumado marihuana son relevantes para cambiar la calificación del delito cometido. La niña, debido a su estado, no tuvo si quiera la capacidad de resistirse. Es por ello que los violadores no necesitaron utilizar la violencia para penetrarla por turnos. Los cinco autores, todos ellos mayores de edad, han sido condenados por ello a penas de entre 10 y 12 años de cárcel.

El tribunal descartó la tesis de la Fiscalía de que los procesados se valieron de su superioridad numérica y el estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente, ya que considera que los hechos, según el Código Penal, deben ser calificados de abuso.

Para Montserrat Comas, de Jueces para la Democracia, «el problema no es la sentencia, sino el Código Penal». Comas reclama cambiar la legislación para que cualquier tipo de relación sexual sin consentimiento reciba la máxima catalogación penal, algo que ya ocurre en muchos países europeos y que está previsto en el Convenio de Estambul, un tratado internacional al que España se sumó en 2014.

Desde la Fundación Mujeres, Marisa Sotela incide en que la última sentencia es «una prueba más de la necesidad de cambiar los tipos penales contra la libertad sexual». Y Altamira Gonzalo, de la asociación Mujeres Juristas Themis es incluso más crítica con la actuación judicial. «Simplemente con que la Audiencia Provincial de Barcelona hubiera seguido el criterio establecido en la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la revisión de la sentencia de la Audiencia de Navarra el dictamen habría sido otro». Para Gonzalo los hechos probados en el caso de Manresa son «constitutivos de un delito de violación».

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, insistió ayer en que desde que llegó el PSOE al Gobierno están trabajando para la modificación del Código Penal en lo referente a los delitos contra la libertad sexual «hasta el punto de que si no hay consentimiento, hay violencia sexual».