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El Gobierno Vasco reclama a la empresa operadora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling 2002, un total de 28,7 millones de euros. Es la cantidad económica en la que el departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha cuantificado el gasto de los ... trabajos que la Administración debió realizar en la escombrera como consecuencia del derrumbe que tuvo lugar en febrero de 2020 y se cobró la vida de dos trabajadores además de generar un fuerte impacto medioambiental. A esa cantidad, según recalca, podrían sumarse los alrededor de tres millones que costó reparar los desperfectos causados en la autopista AP-8, cuya reclamación correspondería a la titular de la vía, la Diputación de Bizkaia.
Aquella tarde del día 6 de febrero, toda una ladera del vertedero situado en la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa se vino abajo, y el alud engulló a dos operarios, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. El cuerpo del primero pudo recuperarse tras varios meses de rastreo, pero no así el del segundo, cuya búsqueda se dio por concluida el pasado mayo. Se da la circunstancia de que, unos días antes del derrumbe, el propio Beltrán había advertido a los responsables de Verter Recycling de la aparición de unas grietas que podían suponer un peligro de deslizamiento. Sin embargo, la empresa no tomó ninguna medida de prevención.
La consejera de Desarrollo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha confirmado la cuantía de los 28,7 millones en una respuesta a la solicitud de información requerida por la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi. La documentación aportada recoge que «las actuaciones directas realizadas por la Administración General de la CAPV» ascienden a 28.738.441,75 euros, IVA incluido, por las medidas adoptadas para «prevenir, evitar y reparar los daños ambientales derivados del deslizamiento».
En virtud de la ley de Responsabilidad Medioambiental, el Gobierno Vasco exige el pago de los gastos «al operador responsable (Verter Recycling)», al que ya ha enviado la factura correspondiente y le ha dado «un plazo voluntario para que proceda al pago».
La pregunta parlamentaria inquiría también en la posibilidad de que, ante el proceso de disolución que Verter Recycling emprendió en octubre, se le eximiera a la sociedad de abonar los 28,7 millones, toda vez que el capital social que figura en el Registro Mercantil era de solo 1,82 millones. Tapia asegura que en ese caso serían «los gestores y administradores de la empresa» quienes deban responder «en su condición de responsable subsidiario». «No se contempla –subraya– la posibilidad de que la empresa se exima de su responsabilidad» en el daño ambiental derivado del derrumbe.
Un portavoz de Verter Recycling mostró hace un mes a este periódico la «voluntad» de la firma «de colaborar con las autoridades», y matizó que durante el proceso de liquidación «se pagará todo lo que se pueda».
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