600 menores son condenados cada año en Euskadi por la comisión de delitos

En Euskadi, según la última memoria disponible de la Fiscalía, la de 2019, hay más de 2.500 delitos al año cometidos por menores. La mayoría son hurtos, robos y lesiones por peleas. «Alrededor de 600 chicos y chicas reciben cada año algún tipo de medida firme y cautelar», explicaba en el Parlamento vasco recientemente la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal. En 2019 fueron 969 medidas (en justicia juvenil no se habla de penas) a un total de 588 jóvenes (cuatro de cada cinco son chicos). Casi 200 de esas medidas fueron de internamiento, mayoritariamente en régimen abierto. Pero también hay encierros. En estos momentos, 30 chavales ocupan plaza en el centro de Ibaiondo, en Zumarraga (tiene capacidad para 39), el más restrictivo, al que llegan quienes cometen delitos más graves y el único en el que se cumplen medidas en régimen cerrado. Catorce de ellos, eso sí, son ya mayores de edad que llevan tiempo allí y han cumplido dentro los 18 años.

Es cierto que en los últimos años el fenómeno no va a más. Y el Gobierno vasco asegura que se está logrando reducir la tasa de reincidencia, que está en el 17%, frente al 28% de 2007.

Sin embargo, el problema sigue ahí. Alex continúa en coma y las policías vascas, tanto la Ertzaintza como las locales, vienen mostrando su disgusto por la facilidad con la que muchos menores cultivan una vida al margen de la ley sin que el sistema sea capaz de enderezarlos. ¿Por qué esa tolerancia? Desde la Fiscalía de Menores comienzan subrayando que el principio de presunción de inocencia es básico en todo proceso. «La prueba debe ser plena para imponer cualquier medida o condena», explican. Y a menudo, sostienen, la investigación policial no les da ese asidero concluyente. Además, al tratarse mayoritariamente de delitos leves, hay importantes «limitaciones legales» para adoptar medidas.

También recuerdan desde el Ministerio Público que existe un equipo psicosocial que es quien sugiere qué hacer con cada menor en concreto en función no solo del delito que haya cometido, sino de su situación personal y familiar. El objetivo siempre es la reeducación, un fin que a estas edades se entiende más factible que en adultos.

En realidad, en la mayoría de las ocasiones es un proceso gradual. En la Fiscalía apuntan que suele comenzarse con medidas de libertad vigilada, en las que el menor debe acudir a terapia o someterse a pruebas para detectar el consumo de tóxicos. Si no cumple, se impone la asistencia a un centro de día, donde también se realizan talleres y controles. En caso de que los problemas persistan, llega el internamiento en un centro de menores, que puede ser en régimen abierto (solo van a dormir), semiabierto (pueden hacer fuera ciertas actividades) o cerrado.

Habla la Fiscalía porque en este tipo de procesos tiene un papel fundamental. Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, explica que en la jurisdicción de menores no hay juez instructor, sino que la investigación la lleva directamente el Ministerio Público. Necesita, eso sí, la autorización judicial para vulnerar ciertos derechos fundamentales, como implican los internamientos provisionales, la entrada en domicilios o ver el contenido de un móvil. Pero «es el fiscal quien investiga y decide si acusa o no». Si las indagaciones prosperan, se abre juicio oral; ahora sí, frente al juez de menores.

En todo caso, las medidas no tienen nada que ver con la jurisdicción de adultos. En el caso de Amorebieta, recuerda Uriarte, los agresores que no hayan cumplido los 18 años tendrán previsiblemente penas (medidas) con una duración de «menos de la mitad» que sus compañeros mayores de edad. Además, en un régimen mucho más liviano y con una posibilidad de «reenfocar» las penas de un modo mucho más flexible. Esto es porque la legislación para menores da mucho más margen para 'dulcificar' el proceso de reinserción en caso de que se aprecie una buena evolución por parte del joven. Como no hay juzgados de vigilancia penitenciaria, al contrario que en la jurisdicción de mayores, es el juez de menores, informado por la Fiscalía y los equipos psicosociales, quien determina qué se va haciendo.

El Gobierno vasco tiene la competencia en todo el proceso de cumplimiento de penas. El Departamento de Justicia gestiona los tres centros de día (uno en cada territorio), que abren de diez de la mañana a cinco de la tarde con actividades educativas y formativas, y también los siete centros de internamiento. De ellos, solo uno está preparado para el régimen cerrado: el de Ibaiondo, en Zumarraga. Allí, en estos momentos, hay 30 jóvenes. En los últimos días han ingresado dos, muy posiblemente por la agresión de Amorebieta, que están en internamiento provisional.

Quien mejor conoce ese centro es Pablo Martínez Larburu, que desde 2005 y durante 17 años fue su director. Ahora está en la Dirección de Justicia de Lakua y lo primero que aclara es que en Ibaiondo hay «cinco edificios, cinco unidades convivenciales, con siete chavales cada una». Eso hace más llevadera la convivencia y el trabajo de los educadores. La plantilla es de 78 personas (entre educadores, maestros, coordinadores...). Además hay 20 guardias de seguridad, que «son como sombras; solo intervienen si hay problemas como peleas, amenazas... No es lo normal». Pero si ocurre se aplica el reglamento y el castigo va desde «la privación de actividades recreativas», como ir a la piscina, hasta «la separación del grupo durante varios días».

La rutina en el interior es bastante rígida. Se levantan a las 08.30 y el día transcurre entre talleres, clases, deporte y entretenimientos como el ping pong o la tele. ¿Y si alguien cumple dentro los 18 años? Salvo casos excepcionales, allí sigue. Ahora, de los 30 internos únicamente 16 son menores. Hay chavales que pueden estar en el circuito de la justicia juvenil «hasta los 28 años» (siempre que no delincan siendo mayores, claro). Y cuando salen lo hacen sin antecedentes penales. Es decir, cumplidos los 18 años, el contador se pone a cero.