La monja fallecida que sigue cobrando pensión

La noticia se publicó en el 'Diario de Burgos' y, ayer, un portavoz de la Archidiócesis confirmó a este periódico la exactitud de la información. A raíz de que la Santa Sede nombrase al arzobispo Mario Iceta comisario pontificio para tratar de solucionar la crisis abierta con el convento, se creó una comisión encargada de administrar las cuentas de la comunidad, de la que dependen los monasterios de Belorado, Orduña y Derio. Sin ninguna colaboración de las monjas, su tarea resulta complicada: «Es un jaleo, porque tenemos que ir un poco a ciegas», admiten fuentes del Arzobispado.

Entre los ingresos, detectaron una entrada mensual de «algo menos de 400 euros», procedente de la Seguridad Social, que no sabían a qué religiosa correspondía: la cosa se complicaba porque las clarisas adoptan un nuevo nombre al ingresar en la orden, pero el ingreso llegaba, lógicamente, dirigido a una filiación civil que no sabían a quién pertenecía. Tras «consultar archivos del Vaticano», han llegado a la conclusión de que la perceptora de la pensión era una monja procedente del convento de Derio que pasó después al de Belorado y falleció, ya nonagenaria, en abril de 2022. «A día de hoy el ingreso sigue apareciendo en las cuentas del monasterio. Hemos hecho las gestiones correspondientes para devolver ese dinero», aclaran en la comisión. «Para publicar algo tan grave y escabroso, habrá que enseñar algún papel», replican desde el convento a través de su responsable externo de prensa, Francisco Canals.

Las exclarisas aseguran que, cuando murió su compañera, se dieron todos los pasos establecidos por la ley y se notificó el óbito a la Seguridad Social, que se demoró «dos o tres meses» en interrumpir el pago de la pensión: «Es algo frecuente, porque el recorrido administrativo lleva su tiempo, pero después la Seguridad Social lo reajusta y te lo retira. Así sucedió», insiste Canals en conversación con este periódico. «No hablamos de monjas medievales: cuando muere una de ellas, hay un acta de defunción y se sigue todo el protocolo establecido. ¿Cómo vas a engañar a la Seguridad Social?», plantea.

Las religiosas atribuyen personalmente al arzobispo los «ataques constantes» contra su comunidad. De hecho, tras demandar a Iceta, reclamaron que, como medida cautelar, se pusiese fin a su papel como administrador de las cuentas, una petición que el Juzgado de Briviesca denegó. Las dos partes ni siquiera se ponen de acuerdo a la hora de interpretar aquel rechazo de la medida solicitada. «Se infiere la plena legalidad y validez de la inscripción del nombramiento como comisario pontificio», valoró el Arzobispado. «Esa resolución dice lo que dice y nada más. Ello no prejuzga la decisión que en su día tome el juzgado sobre el fondo del asunto», objeta el abogado de las monjas, Florentino Aláez Serrano.