La nueva RGI suma 3.000 perceptores más al flexibilizar Euskadi los requisitos de la ayuda

Buesa se refiere así a las víctimas de violencia machista y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual y personas reconocidas como refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de la Unión Europea, a las que desde abril les basta con estar empadronadas en el momento en el que solicitan la prestación sin necesidad de antigüedad alguna –antes se les pedía tres años–. A las familias con menores, personas con discapacidad o dependencia a cargo también se les reduce el requisito del empadronamiento, que para ellas pasa de tres a un año. La cuantía, por su parte, oscila entre los 800 euros mensuales para familias con un solo miembro a los 1.573. A esto hay que añadirle el complemento del 25% sobre la cuantía base por tratarse de unidades de convivencia especialmente vulnerables.

Solo en el mes de agosto, más de un centenar de las 1.384 nuevas concesiones de la RGI pertenecían a estos colectivos en riesgo. Esto es, casi el 11% de los nuevos perceptores de esta ayuda social eran personas que antes de la reforma de la ley no podían acceder a la prestación. Concretamente, el último mes fueron 44 víctimas de violencia de género, 5 víctimas de trata, 3 víctimas de violencia doméstica, 2 víctimas de explotación sexual, 11 personas provenientes del sistema de protección de menores, 55 refugiados y 30 solicitantes de asilo.

La nueva ley ya ha flexibilizado los requisitos para que centenares de personas vulnerables que antes no podían cobrar la ayuda por no cumplir el total de las condiciones –sobre todo las relacionadas con el empadronamiento– ahora puedan hacerlo. Pero además, con el nuevo reglamento de la Renta de Garantía de Ingresos, presentado ayer por Lanbide a técnicos, el tercer sector, instituciones y servicios sociales y que se aprobará en las próximas semanas, se busca «llegar todavía a más gente». Entre ellos, los jóvenes de entre 18 y 23 años.

La nueva ley recoge que las personas de 18 años pueden acceder a esta prestación, pero no será hasta que se apruebe el reglamento cuando puedan solicitarla, salvo que estén en situación de vulnerabilidad, que en ese caso ya pueden cobrarla. A la espera de que se apruebe el reglamento, las personas entre 18 y 23 años que quieran percibir esta ayuda deberán cumplir con varios requisitos, como «haber estado el año anterior a percibir la RGI inscritos en Lanbide como demandantes de empleo» y llevar un año de vida «autónoma», esto es, independizados. No entran en este grupo quienes hayan estado cursando estudios reglados, como los jóvenes universitarios que comparten piso. Hasta ahora los menores de 23 años solo podían percibir la ayuda en casos excepcionales.

Facilitar el acceso a la RGI para «proteger a todas las situaciones de vulnerabilidad» es uno de los objetivos de la nueva norma, según el departamento de Trabajo y Empleo, pero no el único. Terminar con los cobros indebidos es otro punto donde pone el foco la nueva ley y el reglamento que le sucede. Con esa finalidad surgen las actualizaciones trimestrales de las cuantías, «una de las apuestas fuertes de esta ley con todo lo que tiene que ver con ordenar y sistematizar todos los procesos de revisión de la prestación y con minimizar toda la generación de cobros indebidos», que en lo que va de año se sitúan en los 22.800.

Hasta ahora «atendemos a las situaciones que se dan en la inmediatez», explica Buesa, pero «la realidad es que no hay capacidad para gestionar en la inmediatez tanto volumen. En la práctica tardábamos en gestionar esas comunicaciones y tenía unos efectos», admite la directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide. La mayoría de indebidos que ocurren en la actualidad tienen que ver con el retraso en la tramitación de las cuantías.

De ahí de que se vaya a aplicar una actualización trimestral de las cuantías. Desde el servicio vasco de empleo, «mirando los ingresos que ha tenido una persona en el trimestre anterior», se va a reconocer la cuantía para el trimestre siguiente. «Los cambios que sucedan en la vida de ese perceptor en esos nuevos tres meses hasta la siguiente actualización, nos los va a comunicar y los vamos a verificar, pero tendrán efecto cuando se haga la siguiente actualización de cuantía». Así, hay un «margen» de actuación tanto para los usuarios como para el propio Lanbide. Puede ocurrir que el perceptor durante un mes o dos «cobre algo de más si ha empezado a trabajar, o de menos si ha dejado de trabajar. Pero cuando llegue el momento de actualización se mirará ese trimestre anterior y en función de eso cambia la cuantía de los siguientes meses».

Aunque se priorice la interconectividad, en caso de lograr un empleo y ya no cumplir los requisitos para cobrar la RGI, el beneficiario tiene la obligación de avisar a Lanbide de su nueva situación.