El Parlamento Vasco exige la revisión «exhaustiva» de los protocolos contra la violencia machista tras los crímenes de Orio y Vitoria

Fue el propio vicelehendakari y consejero de Seguridad el que reconoció hace unas semanas que el feminicidio registrado en la capital alavesa era fruto de una «concatenación de errores de comunicación». Josu Erkoreka admitió así la desprotección que había padecido la víctima después de que trascendiera que Seguridad conocía desde enero que el presunto asesino de Maialen Mazón quebrantaba sistemáticamente la orden de alejamiento. La mujer de 32 años, madre de una niña y embarazada de gemelos, había llegado a Vitoria desde Valencia a comienzos de año y, pese a que su caso había sido calificado de «riesgo extremo», la Ertzaintza había abierto un expediente «ordinario». La Policía autonómica también mantiene abierta una investigación interna.

Otra voz crítica ha sido la del Ararteko. A comienzos de mes reclamó que las necesidades de las víctimas de la violencia de género «se aborden de forma integral y coordinada», y extendió la responsabilidad de los últimos sucesos más allá de la Ertzaintza. También reprochó «algunos comportamientos y actitudes en algunas policías municipales».

Con estos antecedentes, el que ha tomado cartas en el asunto ha sido el Parlamento. Lo ha hecho con un acuerdo casi unánime del que únicamente se ha desmarcado la representante de Vox. A iniciativa de EH Bildu, la coalición soberanista, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han consensuado una moción a la que también se ha adherido PP+Cs. En ella instan a la «reflexión» y a revisar los protocolos policiales, pero también el tercer Acuerdo Interistitucional firmado por el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos a comienzos de 2023. «Seguimos avanzando, pero debemos seguir mejorando», reconoció la jeltzale Leixuri Arrizabalaga.

Más allá de reforzar los controles policiales y judiciales para mejorar la protección, incluso en los casos en los que las víctimas puedan intentar que se retiren las órdenes de alejamiento dictadas contra sus maltratadores, la Cámara vasca ha puesto sobre la mesa otro tipo de apartados susceptibles de mejorar. El más evidente es el económico y el de los recursos materiales. «Hay que potenciar las áreas de Seguridad y Justicia», pidió la parlamentaria Ohiana Etxebarrieta (EH Bildu), «si las denuncias (por malos tratos) están creciendo los medios disponibles para responder a esa realidad deben hacerlo también».

Los partidos también plantean que la comisión que asesora a las instituciones a la hora de elaborar el protocolo incluya a partir de ahora, además de a profesionales de la prevención y la lucha contra el sexismo, a «supervivientes» de la violencia de género y a asociaciones de afectadas. Pero también medidas mucho más concretas. Por ejemplo, que se amplíe el horario de atención a víctimas de la unidad de Violencia Machista de la Ertzaintza. «Solo funciona en horario de mañana de lunes a viernes», lamentó Isabel González (Elkarrekin Podemos-IU). Por ejemplo, «revisar el algoritmo» con el que la Policía autonómica jerarquiza los casos de las «más de 5.000 mujeres» que necesitan protección en Euskadi. El que falló con Maialen Mazón.

El acuerdo parlamentario también compromete a las instituciones a mejorar «la formación y la asistencia personalizada» que se ofrece a las mujeres que denuncian a sus agresores en los juzgados, y obliga al Gobierno Vasco a definir un nuevo plan de trabajo de sus departamentos antes de que acabe el año que viene.

La moción también reclama que se «investigue» el tratamiento informativo que los medios de comunicación otorgaron a los asesinatos machistas de Orio y Vitoria. En ese sentido, reclaman que se analice si las coberturas «se ajustan o no al código de autorregulación» firmado por los principales grupos de comunicación vascos y el Instituto de la Mujer.