Euskadi vuelve al escenario en el que para poder solicitar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y siempre que se cumplan el resto de ... requisitos, basta con presentar un certificado de empadronamiento en un domicilio de la comunidad autónoma. El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó ayer la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que a finales del año pasado declaró nulo el artículo del reglamento que desarrolla la prestación de la RGI que modificaba las condiciones y pasaba a exigir que los beneficiarios demuestren que habitan su vivienda efectiva y legalmente, presentando un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad.
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Ese reglamento fue aprobado en noviembre de 2023, de modo que lleva vigente desde entonces. Pero en febrero del año pasado tres organizaciones (Argilan-ESK, Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria y Berri-Otxoak) presentaron un recurso contra ese artículo relativo a la prueba de vivienda al entender que deja fuera de la RGI a «los sectores más precarizados y empobrecidos», precisamente aquellos que no pueden acceder a un contrato.
El tribunal dictaminó en noviembre pasado que esa modificación de las condiciones no cabe plantearla a través de un reglamento, porque «va más allá» de lo que recoge la ley de RGI, de 2022. Falló contra la forma, no contra el fondo del asunto, pero el caso es que declaró nulo ese punto (el 2.2) del decreto.
Tras hacerse firme la sentencia y con su publicación ayer en el boletín oficial, la supresión del artículo ha entrado en vigor y, por tanto, cualquier ciudadano puede volver a solicitar la RGI con solo presentar un certificado de empadronamiento, como sucedía hasta 2023.
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Así será hasta que el Gobierno Vasco recupere el requisito de prueba de vivienda efectiva y legal para poder cobrar la RGI modificando la ley que regula la prestación. Un proceso que llevará más tiempo que variar un reglamento.
Fuentes del departamento vasco de Economía, Trabajo y Empleo –la gestión de la RGIcorresponde al servicio vasco de empleo Lanbide– rechazaron que el nuevo panorama vaya a traer consigo una avalancha de solicitudes. Se limitaron a recordar que tras conocer la sentencia «la intención del Gobierno Vasco es incorporar este cambio en los requisitos a través de una reforma de la ley, como han expresado los jueces».
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En una entrevista publicada por este periódico en febrero tras conocerse la decisión del TSJPV, el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, cifró en 87 los casos en los que beneficiarios de la RGIhabían dejado de percibirla entonces por no poder demostrar su residencia más allá de con el certificado de empadronamiento, y en 119 las solicitudes denegadas por ese mismo motivo.
No es un secreto que un certificado de empadronamiento es una prueba excesivamente laxa para demostrar que alguien reside donde dice habitar. El objetivo de la reforma es evitar los fraudes y situaciones irregulares que, aunque minoritarias, se producen basados en empadronamientos falsos con el objetivo de beneficiarse de esta ayuda vasca. También impedir que gente que está okupando una vivienda de forma ilegal se beneficie de la prestación, así como aquellas personas que sobreocupan una vivienda que alberga a más moradores de los acordados sin el conocimiento del propietario.
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La nueva ley de RGI –Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión– que aplica desde abril de 2023, y el reglamento que la desarrolla, aprobado en noviembre de ese mismo año, han introducido condiciones más exigentes y mayores controles con el objetivo de reducir los casos de cobro irregular, anómalo o fraudulento. Entre ellos está el punto anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que elevaba la prueba de residencia desde un certificado de empadronamiento a un contrato de alquiler, subarriendo, o escrituras de propiedad de la vivienda. Eses requisito volverá a estar vigente cuando el Gobierno Vasco lo introduzca como reforma de la ley y no en el reglamento, como deja caer la sentencia.
Pero además se han reforzado los sistemas de control, razón por la cual se detectan más casos de fraude que, aún siendo minoritarios, salen a la luz con más frecuencia. Así por ejemplo, el año pasado aumento un 59% la cifra de perceptores a los que se les retiró la RGI por rechazar un puesto de trabajo sin justificación. Frente a los 261 casos detectados en 2023, el año pasado fueron 415. Si la comparación se hace con 2021, cuando fueron 158, la cifra se ha disparado un 163%.
Del mismo modo, en 2023 los controles afloraron 55,8 millones de euros abonados de forma indebida, de los que 13,4 millones correspondían a ciudadanos empadronados en Gipuzkoa. En ambos casos se trató de prácticamente el doble de lo detectado el año anterio, cuando se descubrieron 28,4 y 7,3 millones, respectivamente.
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