«Pese a la rebaja de penas, lo importante es que las víctimas dejaron de ser explotadas»

El fiscal del caso, delegado de Trata y Extranjería en Gipuzkoa, Manuel Piñón Dapena, se vio obligado a alcanzar acuerdos con las defensas ante «el riesgo de que se pudiese dar una sentencia absolutoria». Reconoce que ha sido «frustrante» y «desalentador», pero destaca el trabajo realizado por la Policía y la Justicia. «Lo importante es que el impulso de este procedimiento, la decisión de ingresar a tres acusados en prisión provisional y la condena lograda ha permitido que las víctimas dejaran de ser explotadas sexualmente».

Estas mujeres, tal y como declararon y fundamentó la investigación policial, habían sido captadas en Venezuela, país de origen de cinco de los acusados, con la promesa de obtener un trabajo. Al llegar a Donostia, fueron distribuidas en pisos en los que eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, sometidas al control de los proxenetas, con quienes habían adquirido además una deuda por el viaje. Una situación que se alargó durante dos años, hasta que la banda fue desarticulada.

La instrucción judicial comenzó en junio de 2019 y el plazo de seis meses para llevarla a cabo previsto por la ley en ese momento (ahora se ha elevado a un año, prorrogable) vencía el 25 de marzo de 2020. En la primera jornada del juicio las defensas alegaron que la prórroga de esa instrucción se había realizado fuera de plazo y que, por tanto, todas las actuaciones realizadas con posterioridad tenían que ser anuladas. El tribunal les dio la razón, invalidando dos años de diligencias que debilitaban los argumentos disponibles para la acusación de la Fiscalía.

El fiscal no niega el error, reconoce el «buen» trabajo de los abogados defensores y asume la incomprensión que ha podido generar este caso, también en las víctimas. «Hay mucha gente que no entiende que un defecto procesal tenga estos efectos y desde luego a ellas les cuesta. Tienen miedo y es muy difícil quitárselo, incluso con una sentencia condenatoria» que, aunque lejos de sus pretensiones, valora haber conseguido. Por ello, insiste en hacer un llamamiento para que este caso no tenga un efecto indeseable en la labor de la lucha contra la trata en Gipuzkoa. «El sistema de protección funciona. Pese a este tipo de resultados tan desalentadores, que cualquier persona que esté siendo prostituida en situaciones de explotación lo denuncie, que confíe en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque vamos a ir hasta el final».

Un mensaje que en este tipo delictivo es crucial, ya que las víctimas juegan un papel fundamental a la hora de poder iniciar un procedimiento por trata. «Hasta que una no se atreve a declarar es prácticamente imposible iniciar una causa por un delito de trata. Hay que conseguir localizarlas, ofrecerles un clima de seguridad sin que haya riesgo para ellas; muchas veces están en situación irregular y no tienen otra forma de vida, por lo que son muy vulnerables. Convencerlas es un trabajo humano muy exigente», asegura Piñón.

Una complicación a la que se añade que son mujeres con una gran movilidad a la que muchas veces es imposible localizar, y que desde hace años la prostitución se lleva a cabo en pisos particulares, no en burdeles o clubs. «Tengo la sospecha de que en la inmensa mayoría de los pisos en los que se ejerce la prostitución de Gipuzkoa hay explotación sexual», afirma el fiscal.

A pesar de reconocer el error del juzgado de instrucción, insiste en situar las cosas en su contexto. «Es muy fácil buscar culpables, pero no debemos de perder de vista la fecha, el 25 de marzo de 2020. Se había decretado un estado de alarma y se dictó un real decreto que suspendía los plazos de instrucción. Fue algo que pilló desprevenido a todo el mundo y estoy convencido que en una situación normal no hubiese ocurrido».

Además, no descarta impulsar un nuevo procedimiento por las tres víctimas que han quedado fuera de la causa por este error. «Es una idea que tenemos que estudiar y consultar con ellas».