Pornovenganza, cuando lo privado se convierte en delito

Tres mujeres expertas en la materia presentarán estos tres casos. El punto de partida será la pornovenganza que sufrió Olvido Hormigos, que en 2012 era concejala de Los Yébenes, en Toledo, cuando su amante difundió un vídeo sexual en el que aparecía masturbándose. Pero, además, el alcalde de la localidad también lo compartió desde su email corporativo. Hormigos les denunció por un delito contra la intimidad, pero el caso fue archivado, porque en ese momento la ley requería que el material privado hubiera sido robado, y no era el caso. «Este caso fue un punto de inflexión que llevó a la reforma del Código Penal en 2015 para incluir estos delitos», explica María Ochandorena, criminóloga especializada en ciberdelincuencia.

Sin embargo, aunque la ley ya castiga la difusión no consentida de material privado, sigue siendo un delito con un alto grado de impunidad. «Los ciberdelitos tienen un plus de dificultad en cuanto al elemento probatorio, y eso hace que haya una alta probabilidad de que los responsables queden impunes», explica Ochandorena, que recuerda además que muchas víctimas silencias los casos. «Es importante conocer la cifra negra, los que no se denuncian, y en parte es culpa de una sociedad que demoniza a las víctimas», apunta.

En este punto surge la figura de la 'víctima ideal', que tiene que estar apaleada, vejada, destrozada para ser considerada como tal. Algo que no ocurre en los casos de pornovenganza. «Son mujeres a las que se ve disfrutando de su sexualidad, por lo que no se las considera víctimas, se las juzga y repudia socialmente», explica Itziar Altuzarra, investigadora predoctoral en Filosofía del Derecho. Ella ha estudiado el caso de Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana, que vio cómo una expareja compartía una imagen de contenido sexual entre todos sus compañeros. «Ella cumple además con ese perfil de 'femme fatal' y nadie le vio como una víctima de un delito», señala Altuzarra, que cree que la pornovenganza ha servido para «redefinir» la violencia sexual. «Los espacios digitales son un ejemplo claro de que se puede ejercer violencia sexual sin que haya contacto físico». También para romper mitos, «los agresores son siempre parejas o exparejas, rompe con esa creencia de que el agresor es ese extraño, desconocido que nos ataca».

El tercer caso es el de la empresa Iveco, que se llevó a la gran pantalla con la serie 'Intimidad', con la actriz Itziar Ituño de protagonista. Un compañero de una trabajadora de la empresa compartió un vídeo sexual suyo, y la joven acabó suicidándose. Nadie tuvo responsabilidades penales. «Para mí es un claro caso de incitación al suicidio, pero también de violencia de género. Porque el que difunde ese vídeo y provoca ese daño es su expareja», apunta Devi Yerga, criminóloga y victimóloga, un aspecto que llevará también a debate con los participantes en el curso.

A su juicio, uno de los principales problemas en las pornovenganzas es que las víctimas no reciben apoyo, «sienten vergüenza y culpa, porque ellas han compartido esas imágenes y las critican por ello. Es importante generar la conciencia social de que no hay ninguna justificación para hacerlo. Y que el término de 'victima ideal' es aberrante», señala Yerga. Y el hecho de que el delito se cometa en la red, advierte, «permite deshumanizar a la víctima. La gente lo comparte con ligereza, le resulta hasta gracioso, porque no ve el daño que está causando a esa mujer». Todo ello en un contexto digital en el que «la delincuencia avanza más rápido que la ley, y en el que cualquiera puede ser autor de un delito digital».