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El proyecto de decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco ha recibido las alegaciones centradas en puntos concretos del ... texto, como el sistema de asignación de perfiles o el impacto de esta futura ley en los derechos de las personas aspirantes a trabajar para la Administración. Así, reclaman más seguridad jurídica y un mayor consenso social, que «no se ha producido», según critica en su escrito el Consejo Económico y Social Vasco (CES). Este organismo considera «más adecuado» que se mantenga la actual regulación, que permite la elección de la lengua para las pruebas de acceso. «Consideramos que las pruebas de acceso a la función pública deben medir las capacidades de las personas candidatas de la mejor manera posible, para lo cual estas deben poder elegir la lengua que consideren más oportuna para mostrar sus conocimientos», expone el texto del CES. En esta misma línea, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE) subraya que la posibilidad de realizar la prueba selectiva en euskera, regulada en el artículo 39, «tiene sus dificultades. Se trata de pruebas que no están destinadas a la acreditación de perfil lingüístico alguno sino, más bien, a una demostración o confirmación de la competencia en dicha lengua, que sólo debería evaluar el conocimiento técnico requerido».
Entre las decenas de alegaciones presentadas, el IVAP subraya en un extenso informe otros aspectos con los que choca, como el ámbito de aplicación del decreto o el sistema de perfiles lingüísticos y la implantación de los perfiles asimétricos y parciales, con los que se muestra en desacuerdo «por su falta de motivación y por no aportar beneficio alguno a la normalización del uso del euskera». También analiza los problemas relacionados con el sistema de asignación de perfiles, que «suponen un retroceso en dicho proceso», y sobre las fechas de preceptividad de los perfiles lingüísticos y su excepcionalidad, el régimen de exenciones, su ponderación como mérito y sobre los diferentes sistemas de acreditación.
Por otro lado, el Consejo Económico y Social Vasco critica los tiempos y expone que «el Decreto se está estableciendo a un ritmo muy acelerado para lograr el objetivo del bilingüismo entre las personas trabajadoras del sector público vasco». Así, afirma que «el nivel de euskera exigido no es siempre el ajustado a la realidad sociolingüística, lo que dificulta tanto el acceso como el desarrollo de una carrera profesional de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras públicas». En consecuencia, insisten en la necesidad de que la regulación compatibilice la promoción del euskera con el desarrollo de la actividad económica y empresarial.
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