Primer portazo judicial al plan de Urkullu de mantener el cierre perimetral y toque de queda

Esta sería también la aspiración del decreto que Urkullu pretende aprobar en el marco de la reunión del LABI que tendrá lugar mañana viernes. Aunque hay que recordar que, en el caso de que estas medidas fueran rechazadas por el TSJPV, al Ejecutivo de Vitoria aún le quedaría la baza de apelar al Tribunal Supremo, en virtud del decreto-ley aprobado el martes de manera exprés por el Gobierno central, con el propósito de ofrecer a las autonomías esas «máximas garantías jurídicas» que exigía Urkullu cuando reclamaba a Pedro Sánchez la prolongación del estado de alarma.

Rechazada esta posibilidad, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco presentaron ante el TSJPV, a última hora de la tarde del martes, el borrador del decreto, con el fin de lograr el aval jurídico a restricciones para las próximas «cuatro a seis semanas», una vez finalizado el estado de alarma. Ese documento recoge, pese a la falta de cobertura legal de una norma de excepción, la prolongación del toque de queda y del cierre perimetral de Euskadi, tal como desveló el martes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. El anuncio molestó al lehendakari que ayer negó que le hubiera comunicado su decisión a su homólogo y aseguró que «por no hablar, es que ni he hablado con el presidente de Cantabria». Revilla, por su parte, se excusó mediante un comunicado y señaló que su afirmación fue fruto de la «interpretación» que hizo de un mensaje de WhatsApp que le había enviado Urkullu.

Sea como fuere, el borrador de decreto remitido al TSJPV, que ayer lo envió a la Fiscalía, sí incide en la limitación de movilidad mediante cierres perimetrales y el toque de queda con el propósito de «contener la propagación» de la pandemia. En concreto, el punto primero del artículo 4, referido a supuestos en los que la tasa de incidencia acumulada de contagios por Covid-19 en Euskadi supere los 200 positivos por 100.000 habitantes, se establece el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 horas como ahora, así como el cierre perimetral de la comunidad y la restricción de las agrupaciones de personas a un máximo de cuatro, sin contar convivientes.

Además, en el punto segundo del mismo artículo, se marca el cierre perimetral de aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que superen una incidencia acumulada de 400 casos por 100.000 residentes, así como en aquellas localidades menores que superen los parámetros fijados por la dirección de Salud Pública y Adicciones. Se trata de una medida que actualmente está en vigor bajo el amparo del estado de alarma, pero que el Gobierno Vasco pretende mantener, y por ello ha buscado las «máximas garantías jurídicas» en su consulta al TSJPV.

La Fiscalía que dirige Carmen Adán es la primera en emitir su informe de conclusiones, al que ha tenido acceso este periódico. Y en él, argumenta que sin la excepcionalidad normativa que otorga el estado de alarma, se opone a la posibilidad de limitar derechos fundamentales como es la libre circulación «a un conjunto indeterminado de personas al amparo de las leyes sanitarias vigentes». Estima que en este caso «no se supera el juicio de legalidad» y, en consecuencia, ya no entra a valorar la proporcionalidad o no de las medidas previstas por el Gobierno Vasco.

Por el contrario, declina pronunciarse con respecto a la restricción de las agrupaciones de personas a un máximo de 4, sin contar convivientes, al entender que no existe «limitación o restricción del derecho fundamental de reunión que haga necesaria la autorización».

Por su parte, el coordinador de la comisión técnica del LABI, Jonan Fernández, aseguró ayer que «el sábado estará publicado» el decreto del Gobierno de Vitoria y entonces «sabremos lo que se puede y no se puede hacer desde un punto de vista jurídico», de ahí la consulta «incluso ante el TSJPV». Admitió que algunas de las restricciones resultan «controvertidas» pero se adoptan con ánimo de defender el bien superior de «la salud pública». Sin embargo, deben ajustarse a Derecho, y es lo que debe deliberar el TSJPV.