Urkullu ultima un decreto de restricciones para el domingo sin saber si podrá aplicarlo

Lo único que desvela de momento el Gobierno Vasco es que, como ya adelantó este periódico, tiene preparado un «borrador» de decreto para que, a partir del domingo -no del lunes como dijo ayer de primeras Urkullu-, Euskadi articule nuevas medidas de restricción con «suficientes garantías» legales. El documento que los servicios jurídicos del Ejecutivo están «afinando» se someterá el viernes a la aprobación del Comité Asesor del LABI que el lehendakari tiene previsto convocar, con el fin de que el mismo domingo, cuando decaiga el estado de alarma, entre en vigor esta normativa que tiene vocación de prolongarse durante 4 o 6 semanas, las que el Ejecutivo considera necesarias para bajar la alta incidencia que mantiene a Euskadi a la cabeza de contagios, y entrar en el verano con una tasa a 14 días mínima, intentar bajar de 60 casos por 100.000 habitantes.

El gabinete Urkullu intentará «mantener lo que está en vigor» hasta «el máximo» que la ley «nos permita», pero tampoco avanza si para conocer cuál es ese margen someterá previamente al criterio del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las medidas que quiere implementar. De hacerlo, tendría que remitir su escrito hoy mismo para disponer de las 72 horas que tiene el tribunal vasco para pronunciarse. Pero fuentes consultadas apuntan a que en lugar de «pedir autorización» como hizo en octubre con el límite de reunión, puede optar por la «ratificación» del decreto una vez aprobado. Una decisión que podría abrir la puerta a que, como también ocurrió antes, personas o entidades que se sientan perjudicadas recurran al TSJPV para pedir medidas cautelares.

El Ejecutivo vasco prepara por tanto un decreto sin la certeza de qué cobertura legal tiene para aplicarlo. Y es que mientras el lehendakari no ceja en su intento de que Sánchez reconsidere la prórroga del estado de alarma, desde el Gobierno central, la ministra Carolina Darias insiste en que para contener la pandemia ya no es necesaria más norma que la que ya tienen las comunidades y apela a las recomendaciones que Sanidad aprobó en la Comisión Interterritorial. Además, no se descarta que el Ejecutivo central impulse por procedimiento exprés un decreto-ley ante el Supremo para unificar doctrina entre los tribunales.