El Gobierno Vasco no contempla una relajación importante de las restricciones en Semana Santa

La tercera toma del planteamiento llega cinco meses después de la segunda y rebaja hasta cierto punto el objetivo marcado en el anterior. En octubre el objetivo marcado era el de situar la tasa de incidencia del virus por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En esta ocasión se quiere conseguir situar la incidencia «en una primera etapa» entre los 60 y los 300 casos por cada 100.000 habitantes. El texto coloca como «objetivo de superación» el reducir la tasa por debajo de esos 60 casos, por tanto un planteamiento que el Ejecutivo considera como poco realizable a corto plazo, teniendo en cuenta también que la vacunación de la población no ha tomado todavía ritmo de crucero.

Euskadi no ha logrado situar la tasa de incidencia por debajo de esos 60 casos desde el 24 de julio del pasado año, esto es, hace casi siete meses. Y desde mediados de octubre (cuantro se activó el plan 'Bizi Berri II'), solo ha dejado 24 días la tasa por debajo de los 300 casos, el denominado nivel amarillo de incidencia. En este sentido, la redacción del nuevo plan -a cargo del comité técnico del LABI- recoge una afirmación elocuente: «Salvo China y algunos territorios insulares, no hay un país o región que haya conseguido mantener de modo estable su tasa de incidencia por debajo de los 60/100.000 habitantes. No hay, en este sentido, un modelo que pueda considerarse diferencialmente eficaz y que pudiera tener aplicación mimética en nuestro país. No hay fórmula mágica».

Por tanto, parece evidente que el Ejecutivo vasco buscará un objetivo más realizable en línea con la convivencia con el virus y no calcará otras experiencias como, por ejemplo, la alemana, donde después de reducir la incidencia desde los 420,57 casos a los 176 en 40 días, la canciller Angela Merkel ha aprobado la prolongación de las medidas restrictivas hasta el 7 de marzo.

La nueva hoja de ruta actualizada del Ejecutivo vasco se centra solo en la regulación de actividades y la adaptación de los hábitos sociales a la evolución cambiante de la pandemia y a la respuesta «en cada momento» a la particularidad de la misma. No aborda ni la estrategia sanitaria ni la recuperación económica, como sí lo hacía el anterior plan.

El objetivo «básico» explica el texto es el de «evitar el confinamiento estricto, el colapso sanitario, el cierre educativo, el coma económico y el aumento de brechas sociales». El plan se estructura en dos hipótesis. La optimista que plantea lograr una estabilización por debajo de los 300 casos, y la pesimista, con una eventual contagiosidad al alza influida por las nuevas variantes y con incidencias que superen los 300 o 400 casos.

Por ello el plan se vuelve a estructurar en cinco escenarios con indicadores y medidas preventivas adaptadas a cada nivel de riesgo. Unos escenarios en los que se ve bien a las claras que, por ejemplo, el fin del toque de queda no llegará hasta que la transmisión descienda por debajo de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Y el cierre perimetral y territorial no se desactivará hasta que la incidencia baje de los 300 casos.

El plan recoge también un capítulo denominado 'Lecciones aprendidas'. Hace autocrítica de casuísticas que han posibilitado la expansión del virus en la segunda y tercera olas. «Las experiencias de periodo vacacional de verano, de los puentes festivos, de los periodos álgidos de compras de diciembre o de los encuentros de Navidad, ponen de manifiesto el riesgo que representan los contextos de alta movilidad e interacción social», explican los expertos del LABI.

Por eso, apelan a «espaciar las desescaladas y ajustar las restricciones en periodos de alta movilidad e interacción social», de ahí que todo hace indicar que no habrá una relajación sustancial de las medidas de cara a Semana Santa.

En este sentido, otra de los planteamientos de 'Bizi Berri III' es el de «armonizar» las principales medidas a adoptar en el ámbito europeo y en el Estado. Un objetivo difícil de conseguir cuando desde verano cada comunidad toma medidas restrictivas propias y en pocos casos existe un patrón de actuación consensuado.