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La Fiscalía solicita una pena de siete años y medio de cárcel para la enfermera antivacunas de Santurtzi. La sanitaria, que tenía plaza en Osakidetza desde 2008, dejó sin inmunizar a 404 niños en el centro de salud de Kabiezes entre febrero de 2021 y ... septiembre de 2022, según se recoge en las calificaciones provisionales del Ministerio público a las que ha tenido acceso EL CORREO. La Fiscalía sostiene que la acusada es la presunta autora de un delito continuado de daños a los pequeños por no administrarles los sueros previstos en el calendario vacunal para protegerles de diferentes enfermedades. Por ello le pide dos años y medio de prisión. También entiende que es responsable de otro delito continuado de falsedad documental al registrar la procesada en la historia clínica de los críos que habían recibido esos sueros cuando en realidad no se los había inoculado.
El Ministerio público pide además que la acusada sea inhabilitada para ejercer el empleo público de enfermera durante el tiempo que dure la condena. En el apartado económico reclama que indemnice con 26.764 euros a Osakietza, valor de las profilaxis que la procesada desechó y Salud tuvo que administrar posteriormente a los niños que no habían sido vacunados, así como otros 5.382 euros por los gastos de personal de los sanitarios que realizaron esta labor. Por último demanda una multa de 18.240 euros para la inculpada.
En la causa se han personado tanto el Servicio Vasco de Salud como el Colegio de Enfermería. Ambos organismos se han adherido a la solicitud de penas de cárcel e inhabilitación para el ejercicio público de su profesión presentada por la Fiscalía. Por su parte la acusación ejercida por 42 familias de Kabiezes, cuyos hijos no fueron vacunados, considera a la procesada autora de dos delitos más (malversación y lesiones) y reclama para ella una condena total de 20 años y medio de prisión.
Fueron precisamente algunas familias las que dieron la voz de alarma hace ahora justo dos años. Alertaron de que la enfermera pediátrica que hacía las revisiones y debía vacunar a sus hijos, además de comentarios en contra de los preparados, hacía unos movimientos muy apresurados a la hora de ponerles la inyección y tiraba rápido la jeringa a la basura, de forma que los progenitores no podían ver si había administrado el suero. Lo que sí hacía era pinchar con las agujas a los niños y registrar las vacunas en la historia clínica digital de los pequeños.
Osakidetza puso en marcha una investigación y realizó análisis serológicos a los pacientes del cupo de esta sanitario. Midió los niveles de anticuerpos correspondientes a los preparados concretos que debían haber recibido para conocer si habían sido inmunizados. El resultado de este estudio determinó que «404 niños» de Kabiezes no contaban con las profilaxis previstas en el calendario vacunal infantil que les correspondían por edad. Motivo por el que Osakidetza procedió a vacunarles.
Aunque la instrucción se ha llevado a cabo en los juzgados de Barakaldo, el juicio contra esta enfermera antivacunas se celebrará en la Audiencia Provincial dada la relevancia de las penas que solicita la Fiscalía y las diferentes partes personadas en la causa. Aún no hay fecha para su inicio, pero se prevé que se prolongue durante varios días dado el elevado número de testigos citados. Por la sala pasarán más de 70 personas entre familiares de los niños, trabajadores del centro de salud de Kabiezes que coincidieron con la acusada y responsables epidemiológicos y médicos de Osakidetza.
Queda por definir los importes que pedirán las 42 familias de los niños personadas en la causa como indemnización a la enfermera antivacunas en concepto de responsabilidad civil. El abogado Aitzol Asla, que las representa en este proceso, asegura que dos de los pequeños sufrieron problemas de salud graves por no recibir esos sueros. El letrado avanza que solicitaran además que la Audiencia declare a Osakidetza responsable civil de forma subsidiaria para que, en caso de que la acusada no pueda hacer frente a las cantidades que soliciten más adelante, sea Salud la que responsa al haber sido la procesada trabajadora suya cuando presuntamente no vacunó a sus hijos.
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