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El uso de la mascarilla amenaza con devolver al primer plano los pleitos territoriales que caracterizaron la gestión de los tiempos más duros de ... la pandemia. El Gobierno Vasco puso ayer en tela de juicio que el Ministerio de Sanidad pueda «imponer» a las comunidades autónomas el uso forzoso del protector buconasal en los centros sanitarios. Por ello, los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco «están analizando los escenarios» que puedan resultar de esa obligatoriedad, «si es que finalmente esa fuera la decisión del ministerio». Así lo aseguró la titular del Departamento de Salud, Gotzone Sagardui, antes de que esta mañana el gabinete que encabeza Mónica García vuelva a reunirse con los distintos consejeros tras una primera reunión el lunes en la que, lejos de un consenso, ambas partes terminaron más distanciadas.
Gotzone Sagardui
Consejera de Salud
Sagardui se mostró muy molesta tanto con «las formas» como con «el fondo» de los planteamientos que Sanidad trasladó durante la reunión del Consejo Interterritorial del lunes y anunció que Euskadi va a solicitar al ministerio que elimine la obligación del uso de las mascarillas en los centros sanitarios en todas las comunidades autónomas, así como la creación de unas 'autobajas' de tres días con las que el Gobierno central pretende aliviar la atención primaria. La postura del País Vasco es ampliamente secundada por otras comunidades autónomas, que ya en la primera reunión con García mostraron su rechazo a hacer obligatorio el uso de la mascarilla.
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En el texto que Sanidad entregó a los diferentes consejeros, añadió Sagardui, el ministerio habla de «universalidad» en el uso de la mascarilla, «un término ambiguo y que supone inseguridad jurídica», advirtió, antes de recordar que las comunidades autónomas son «las competentes» en la materia. «La obligatoriedad, que en todo momento tiene que ser excepcional, debe venir acompañada de una justificación tanto epidemiológica como jurídica», señaló.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, consideró ayer mismo que el Ministerio de Sanidad puede imponer a las autonomías el uso del protector en centros sanitarios a través del artículo 65 de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que obliga a todas las partes. Según explicó en una entrevista radiofónica, dentro del régimen autonómico existe una previsión legal de «coordinación imperativa» que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública. En todo caso, adelantó que la decisión se puede recurrir porque «que haya una previsión legal no significa que concurran los supuestos que permiten la aplicación de esa ley».
Sagardui justificó la postura que ha adoptado Euskadi aludiendo a tres razones principales. Por un lado, considera que la situación epidemiológica y asistencia de cada autonomía «no es la misma», por lo que «entendemos que puede requerir medidas distintas». En este punto indicó que mientras la incidencia durante la última semana de diciembre en Euskadi era de 550 casos por cada 100.000 habitantes, en Murcia se situaba en los 1.200 y en Valencia en los 900. Dos territorios donde sí han recuperado el protector buconasal en centros sanitarios antes incluso del anuncio de Sanidad de hacerlo de manera forzosa. Aragón, Asturias y Canarias son las otras comunidades autónomas donde han recuperado la mascarilla por decisión propia.
La consejera de Salud echó en cara también a García que desde su departamento no se aportase «ningún informe» científico que «avalara la imposición» de la obligatoriedad de la mascarilla en un momento en el que «no hay declarado un estado de emergencia por salud». En ese sentido, recordó que las propuestas de este tipo tienen que haber pasado previamente por los órganos técnicos que ya están establecidos en el Sistema Nacional de Salud, como son la ponencia de alertas y la Comisión de Salud Pública. En estos foros los técnicos de las comunidades hacen una valoración de la situación sanitaria y realizan una serie de propuestas que luego son debatidas, y aprobadas si procede, por los consejeros y el Gobierno central.
A falta de estos estudios, Sagardui cuestionó que tanto Euskadi como la mayoría de comunidades autónomas «no compartimos que la mascarilla en los centros sanitarios vaya a tener eficacia para frenar» el incremento de casos de gripe o «parar la cadena de contagios». También criticó que desde Sanidad utilizasen la palabra «colapso» en los medios de comunicación para describir la situación que atraviesan los hospitales y centros de salud ya que, a su juicio, «no corresponde con la realidad».
En ese sentido, recordó que Osakidetza «ya dispone» de planes de contingencia para hacer frente a estos picos de contagios y que «anualmente se revisa en función de la situación epidemiológica, de la evolución de la gripe en el hemisferio sur» y donde también se contemplan «situaciones de respuesta a diferentes situaciones» como las que se están viviendo en estos momentos. En este punto detalló que, a pesar del auge de los contagios, «estamos con nuestra actividad quirúrgica ordinaria».
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