Indemnizan a unos padres que llevaron a su hija con anorexia a la privada por falta de atención pública

Ante el desamparo en que dejó a esta familia la sanidad pública castellano-manchega y el cuadro cada vez más grave de la enfermedad de su hija de 15 años, los padres echaron mano de los ahorros de que disponían y la pusieron en manos de una unidad de tratamiento privada, lo que les supuso una factura de 44.272 euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado ahora firme la sentencia de un juzgado de lo social y ha ordenado al Sescam que le abone 46.262 euros, correspondientes a la indemnización más los intereses, según el fallo dado a conocer por El Defensor del Paciente, que ha ganado el pleito a través de su letrada Carmen Fernández-Bravo.

El martirio de esta familia comenzó en el otoño de 2018, cuando su hija adolescente comenzó a tener un importante trastorno alimentario, primero tratado en la atención primaria y después por el servicio de psicología del Hospital de Guadalajara, donde se diagnosticó como una anorexia nerviosa grave. De hecho, como relata con detalle la sentencia, la situación tanto física como psíquica de la joven fue degenerando con rapidez hasta que en la primavera de 2019 los propios psicólogos hospitalarios recomendaron que recibiese atención específica en una unidad hospitalaria de trastorno de conducta alimentaria, inexistente en el centro público de Guadalajara, pero en funcionamiento en un hospital público de Ciudad Real y en el cercano Hospital Niño Jesús de Madrid, un centro de referencia nacional.

Los padres tuvieron múltiples contactos tanto con los especialistas de Guadalajara como con responsables de la administración sanitaria autonómica castellano-manchega sin recibir solución satisfactoria alguna al problema en más de cuatro meses, mientras veían como el problema de hija empeoraba cada vez más. Fue cuando el 24 de septiembre de 20219 no aguantaron más y pusieron a su hija en manos de la sanidad privada, primero mediante hospitalización de día y después con un ingreso de 24 horas para el tratamiento de esta patología.

La propia sentencia describe la situación de alto riesgo. La adolescente había verbalizado sus pensamientos suicidas -«se le pasa por la cabeza la idea de matarse»-, mantenía conductas restrictivas alimentarias, padecía distorsión de la imagen corporal y baja autoestima, no podía controlar sus impulsos y tenía crisis de ansiedad y de angustia. «Si tengo que comer me corto las venas, voy a matarme», había asegurado la paciente.

El tribunal destaca, como argumento para la justificación del fallo, que «los padres solo recibieron respuestas negativas por la sanidad pública en orden a curar o mejorar en lo posible el estado de salud de su hija, viéndose obligados ante la urgencia vital a acudir a la sanidad privada».

La resolución judicial recoge paso a paso el viacrucis vivido por los padres durante meses y años para que el Sescam les diese una solución médica, primero, y les resarciese de sus gastos sanitarios, después, recibiendo negativa tras negativa a ambas pretensiones. De hecho, esta familia ha tardado cinco años en recuperar el desembolso particular realizado para salvar la vida a su hija porque la administración autonómica desestimó por sistema todas sus reclamaciones y dilató con recursos judiciales el abono de la indemnización.

La anorexia nerviosa en adolescentes se ha convertido en un problema de salud de la máxima importancia en España, pues los diagnósticos se han duplicado o triplicado, según los territorios, en el último lustro y siguen el mismo ritmo de crecimiento desbocado de las ideaciones suicidas y de las casos de autolesiones. Se trata, como ratifica explícitamente el tribunal, de una patología que cuando se dilata en el tiempo pone en alto riesgo la vida de la paciente