«Nos sentimos olvidados tras dos años sin fondo para las víctimas del amianto»

La última respuesta la recibieron el martes. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, argumentó que los técnicos de la Seguridad Social están haciendo un importante esfuerzo para tener un reglamento «ágil, estable y eficaz» y recordó que se trata de «una nueva regulación» que ninguna administración pública ha llevado a cabo hasta ahora. «Desde la aprobación de la ley se generó el derecho de que todos los afectados podrán solicitar la compensación que se contempla. La publicación del reglamento no retrasa el derecho que la ley otorga. Mensaje de tranquilidad. El fondo de compensación será un hito muy relevante con la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado», respondió a la pregunta que le realizó la senadora del PNV Nerea Ahedo, quien afeó a la ministra que tras 20 meses de retraso «cuestiones como acreditaciones, condiciones, baremos o cuantías supongo que ya estarían esbozados porque si no, no sé qué hace un ministerio y toda la gente que trabaja en él».

Desde Fedavica, Jon García también critica las palabras de la ministra, ya que a su juicio «volvió a repetir una serie de argumentos que son muy discutibles» y recordó de nuevo que «no reconoció que está incumpliendo la propia ley, que establece que el pasado 20 de enero de 2023 debería haber entrado en vigor el reglamento».

«Nos sentimos olvidados», insiste García, toda vez que recuerda que «creemos que es de justicia la puesta en marcha del reglamento con el fin de acabar con esta espera de años para conseguir ser reconocidos y compensados económicamente». Este fondo de 25 millones se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El camino de las víctimas del amianto para conseguir que sean resarcidas económicamente está siendo largo para ellos. Llevan más de veinte años luchando. En abril de 2021 el Congreso aprobó tramitar la proposición de Ley nacida en el Parlamento Vasco. Todos los grupos de la Cámara –salvo Vox– respaldaron tomar en consideración la iniciativa vasca, que fue aprobada por unanimidad en Vitoria en febrero de 2017. Fue, de hecho, la segunda vez que este mismo asunto llegaba a Madrid. La anterior, sin embargo, no llegó a ser aprobado de forma definitiva por el adelanto electoral.

No es la primera vez que alzan la voz por la tardanza en la puesta en marcha del fondo o por cuestiones que no consideran justos. Hace un año en una nota suscrita por UGT, CC OO y Fedavica criticaron que las personas afectadas por el amianto tendrán que tributar en el IRPF por las indemnizaciones lo que, a su juicio, supone «profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría».

Pero su indignación fue creciendo a medida que el Gobierno fue elaborando el proyecto del Reglamento ya que a su juicio «contradice el espíritu de la ley porque otorga indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los procesos judiciales». García calificó el proyecto de «rácano» y aseguró que la actitud del Gobierno es «cicatera» porque «las cantidades propuestas son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la talidomida».