196 sustancias tóxicas muy peligrosas te rodean

El contacto frecuente con estos papeles térmicos es, muy probablemente, la causa de la alteración hormonal. Más en concreto, de una sustancia llamada bisfenol A, o BPA, presente en España en el 95,3 por ciento de los comprobantes de compra, según un estudio la Universidad de Granada.

La toxicidad del bisfenol A -que puede causar infertilidad, cáncer, malformaciones genitourinarias, endometriosis…- hizo que la Unión Europea vetara su uso en los biberones, pero sigue utilizándose en la fabricación del plástico, así que todos -niños, adultos y el propio medioambiente- estamos expuestos a sus efectos nocivos. En enero entrará en vigor otra prohibición de la Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA) sobre esta sustancia, pero se refiere solo a su uso en los papeles térmicos. En todo lo demás, pese a sus efectos extremadamente nocivos, el BPA seguirá sin ninguna alteración.

Y no es el único caso alarmante. Hay, como mínimo, 196 sustancias químicas que aparecen en la lista negra de la ECHA como candidatas extremadamente preocupantes. Evaluar el riesgo de cada sustancia e incluirla en esta 'lista' europea es una labor larga y desesperante. Para empezar, lleva de 7 a 9 años y esto no implica su prohibición ni que se le apliquen restricciones. Esto puede tardar, de hecho, otros 7 años. «A este paso se van a necesitar 50 o 100 años para completar la lista -señala Manuel Fernández, responsable del Área de Sustancias Químicas de la ONG alemana Bund (Amigos de la Tierra)-. Se necesita mayor eficiencia para que la ECHA valore estas sustancias».

«El objetivo final -explica Tatiana Santos, directora del Área de Químicos de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB), la mayor red europea de ONG medioambientales- es que, en algún momento, todas esas sustancias se eliminen del mercado y se sustituyan por alternativas más seguras».

La sustitución, sin embargo, también es terreno pantanoso. El bisfenol A, por ejemplo, será reemplazado por su hermano, el bisfenol S, «con características muy similares», afirma la experta. De hecho, varias organizaciones llevan años reclamando que la Agencia Europea valore y regule las sustancias por familias y no de forma individual. «Así la industria química no saltaría de una sustancia nociva a otra -dice Fernández-. El bisfenol S, de hecho, ya está en el mercado y la ECHA ya ha anunciado que los productos que lo contienen se han duplicado. Hay que cambiar el sistema de valoración».

De momento, ya están en proceso algunas prohibiciones. El ácido perfluorooctanoico (PFOA), que se usa en el teflón de las sartenes y en algunas marcas de hilo dental, provoca diferentes tipos de cáncer, problemas de tiroides y esterilidad, está entre los próximos químicos que deberán ser reemplazados. «Suelen sustituirse por sustancias de la misma familia -revela Santos-. Si cuenta con las mismas propiedades adherentes, en el caso de las sartenes, probablemente tendrá las mismas propiedades cancerígenas. Cambian uno por otro y son otros 20 años para comprobarlo».

Pero la cuestión es que, incluso cuando se prohíbe una sustancia, los productos que la contenían siguen existiendo, y, en algún momento, cuando los tiren, serán reciclados. Es lo que pasa con los llamados 'pirorretardantes de llamas', sustancia antiinflamable utilizada en muebles y productos electrónicos, como las carcasas de los ordenadores. «Se mezclan con otros plásticos, se vuelven a fundir y con lo que sale de ahí se producen baratijas muy peligrosas para la salud y el medioambiente», denuncia Fernández. Causan disrupción endocrina, problemas de tiroides, disminución de la calidad del esperma y cáncer. «Y hay muchas de estas sustancias que no están registradas porque no se producen a partir de una tonelada», afirma Santos. Es decir, de las cerca de 100.000 sustancias químicas sintéticas que hay en el mercado europeo, apenas 22.000 están registradas. El resto son fabricadas en cantidades inferiores a una tonelada anual y, por lo tanto, no se les exige registro. Hablando en plata, no se sabe con exactitud cuántas son ni qué riesgos conllevan. Se ha comprobado, sin embargo, que muchas de ellas están presentes en juguetes hechos de plásticos reciclados de productos electrónicos. Los cubos de Rubik, por ejemplo, están -según estudios de IPEN, organización global especializada en tóxicos, y de Arnika, miembro de la EEB- repletos de contaminantes orgánicos persistentes (COP), sustancias prohibidas en todo el mundo por su peligrosidad. Son químicos que se encuentran, además, en envases que están en contacto con alimentos y en cucharas o cazos de plástico, entre otros productos. «Europa permite concentraciones más elevadas de estos tóxicos en materiales reciclados para promover el reciclaje -cuenta Santos-. Eso está poniendo en peligro la salud de las personas, del medioambiente y la propia confianza de los consumidores en los productos reciclados, lo que puede afectar a la economía circular».

La Oficina Europea de Medio Ambiente detecta cada vez mayores concentraciones de COP en ciertos productos, que superan incluso los niveles permitidos por la legislación europea. «Si reciclas dos veces, multiplicas los tóxicos», advierte Santos. Así sucede con los neumáticos, que contienen hidrocarburo policíclico aromático (PAH), muy peligroso. Son reciclados y usados en el césped artificial de los campos de fútbol y en los suelos de colores de áreas infantiles. En 2015, un estudio de la Universidad de Yale constató 96 sustancias químicas en estos espacios infantiles: la mitad de ellas, tóxicas; 12, además, eran cancerígenas y 20 causaban irritación en la piel y las vías respiratorias. Hablamos de lugares donde los niños se caen y se hacen heridas, mientras inhalan los componentes que se desprenden, según estudios de la Universidad de Santiago de Compostela.

«Los niños son especialmente vulnerables porque respiran más rápido, se meten las cosas en la boca, gatean y están mucho más cerca del polvo, que concentra grandes cantidades de tóxico -ilustra Santos-. Hablamos de contaminación en una fase crítica del desarrollo. El impacto es muy alto. Su exposición, de hecho, ya empieza en el vientre materno. Según algunos estudios, los niños nacen precontaminados».

El problema es que, a pesar de que el reglamento que rige en Europa es uno de los más estrictos del mundo -la ley REACH (acrónimo inglés de registro, evaluación, autorización y restricción de químicos)-, el sistema cuenta con varias lagunas. Una de ellas es que la agencia reguladora apenas revisa el cinco por ciento de los registros de la información sobre productores, comercializadores e importadores. Incluso con este control tan reducido, la ECHA no consigue dar abasto.

«De los cerca de 2000 registros de sustancias analizados desde 2007, casi dos tercios están incompletos», afirma Fernández. Es decir, falta información sobre los estudios que la industria ha hecho (o debería haber hecho) sobre la seguridad y los peligros de sus sustancias, los productos donde las emplea, en qué cantidades y sobre el grado de exposición al que está sometido el consumidor. Muchas empresas llevan años ignorando los requerimientos de la ECHA sobre estos datos y, mientras tanto, las sustancias siguen en el mercado. «Es un margen de tolerancia excesivo. Debe haber un límite -denuncia el responsable del Área de Sustancias Químicas de Bund-. Es hora de que las autoridades digan: 'Hasta aquí hemos llegado, si no aporta usted los datos que necesitamos para valorar los riesgos de estas sustancias le retiramos el registro'». Esta ONG preguntó a la ECHA qué sustancias tienen el registro incompleto y qué empresas están detrás. Al obtener el silencio como respuesta, decidió realizar su propio estudio para averiguarlo.

Como punto de partida, tomó la información del Gobierno germano sobre las sustancias que provocan cáncer, efectos mutagénicos, problemas en la fertilidad o en la reproducción, en el desarrollo de los niños, medioambientales… Es decir, aquellas más preocupantes que se producen en cantidades superiores a las 1000 toneladas anuales. Dentro de las limitaciones, identificó 654 empresas (40 españolas) que incumplen los requisitos mínimos legales en el registro de, al menos, 41 sustancias. Son apenas la punta del iceberg, según revela Tatiana Santos, que participó en el estudio. «Solo hemos publicado lo que hemos podido confirmar -admite Santos desde Bruselas-. La falta de transparencia nos ha impedido obtener información sobre unas 700 sustancias y más de 5000 empresas».

Mientras tanto, el consumidor lo que puede hacer es informarse. El Sistema Europeo de Alerta Rápida (RAPEX) es una herramienta que puede resultar útil. Sus alertas son públicas y se pueden consultar en Internet. Vale la pena echar un vistazo a sus avisos antes de salir de compras.

Del mismo modo, amparado por el derecho del consumidor a la información, es posible preguntar a cada empresa si el producto que se pretende comprar contiene alguna de las sustancias recogidas en la lista de candidatas de la ECHA. A partir de octubre, además, estará disponible la aplicación Scan4Chem, parte del proyecto Ask REACH, financiado a través del fondo Life de la Unión Europea, destinado a la protección del medioambiente. Con esta app, el consumidor podrá escanear el código de barras de un producto para acceder a un banco de datos con información sobre las sustancias químicas peligrosas que podría contener.

Se trata, ante todo, de promover un consumo sostenible, evitando en lo posible comprar productos de plástico que no sean verdaderamente necesarios, ya que contienen muchas sustancias químicas tóxicas y no son biodegradables, lo que crea un fuerte impacto en el medioambiente y en nuestras vidas.

Sin ir más lejos, ya se han encontrado microplásticos en el agua de la lluvia y en zonas remotas del planeta como la Antártida. Una prueba más de la inmensa exposición a sustancias tóxicas a la que estamos sometidos. Lo que ha hecho que Baskut Tuncak, relator especial de la ONU para sustancias peligrosas y desechos, haya alertado de una «pandemia silenciosa».

Las organizaciones medioambientales advierten de que no se trata de difundir el pánico. «La industria química en Europa genera unos 500.000 millones de euros -subraya Fernández-. De estos gigantescos beneficios surge una gigantesca responsabilidad frente a la sociedad. Llamamos a la industria química a que cumpla con esta obligación».