El sellado de Zaldibar se retrasa 'sine die' por el proceso de liquidación de Verter

La entrada en liquidación de Verter explica el retraso. Los gestores dejaron de estar al frente de la firma tras la entrada de esta en concurso de acreedores, que desde febrero ha quedado en manos de un administrador concursal. Y este, antes de tomar decisiones estratégicas, debe conocer y detallar la situación exacta de la empresa: activos, patrimonio, deudas... Para, a partir, de ahí, en coordinación con el juzgado, hacer frente a las obligaciones que la firma tenga pendientes (Hacienda, Seguridad Social, proveedores, trabajadores, etc.) en un orden de prioridades establecido por ley.

Este proceso concursal, apuntan fuentes solventes, avanza «a buen ritmo», pero está en una fase inicial que ha impedido cumplir con el requerimiento del Departamento de Medio Ambiente que dirige Arantxa Tapia (PNV), tanto en lo que concierne al proceso de sellado como a la devolución del dinero que hubo de destinar el Gobierno Vasco para buscar los cuerpos de los desaparecidos y evitar posibles nuevos desastres.

El requerimiento fue enviado a Verter durante la primera semana de febrero, en vísperas de que se cumplieran los dos años de la tragedia. Tal y como adelantó este periódico, en ella el Gobierno Vasco confirmaba la clausura definitiva del vertedero, mediante la modificación de la Autorización Ambiental Integrada concedida en su día para poder operar como receptor de desechos industriales. Quedaba así claro que queda suprimida la posibilidad de recibir más residuos en ese enclave, a pesar de que al vertedero aún le quedaba por rellenar, en el momento del accidente, un tercio de su capacidad.

La comunicación también establecía un cronograma de actuaciones según el cual, en un plazo máximo de seis meses, Verter debía completar el sellado provisional del vaso de vertido original.

Ese plazo acaba de vencer sin que se hayan llevado a cabo las actuaciones previstas, más allá de algunas operaciones básicas de mantenimiento.

Una situación que, en la práctica, supone aplazar 'sine die' todo el proceso de sellado de la escombrera, que por ahora está sujeta por el trabajo provisional de urgencia realizado con material arcilloso por el Gobierno Vasco dentro de las actuaciones de emergencia que siguieron al deslizamiento y que se prolongaron hasta el 17 de septiembre.

Antes de proceder al sellado definitivo, primero hay que realizar un cierre provisional –el que el Gobierno Vasco reclamaba en su resolución a Verter– y esperar a que el material se compacte y consolide, y quede desgasificado de residuos orgánicos. Según fuentes conocedoras de esta actividad, en una escombrera común con bajo contenido orgánico ese proceso puede llevar en torno a nueve meses. Pero en el caso de Zaldibar, que era el mayor vertedero de Euskadi y donde se removieron 800.000 metros cúbicos de terreno en la búsqueda de los cuerpos de Sololuze y Beltrán, ese plazo puede ampliarse a un par de años.

Entretanto, y ante las dudas razonables de poder recuperar el dinero a través de los fondos de la empresa, Medio Ambiente ha dirigido la reclamación de los 28,6 millones a los gestores de la compañía, como responsables subsidiarios, para los que ha iniciado una vía de apremio.