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Sin el alboroto mediático de hace tres años, cuando hasta medios anglosajones y latinoamericanos le dieron cobertura, el caso de la magistrada que preguntó si «¿cerró bien las piernas?» a una presunta víctima de agresión sexual y maltrato acaba de cerrarse judicialmente. El ... Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria ha dado validez al relato de esta mujer.
Condena al que fuera su pareja sentimental por cuatro delitos. Un maltrato habitual, dos de maltrato y otro de coacciones. La lista se traduce en un global de 4 años y 3 meses de cárcel -que no implicarán el ingreso al no superar ninguna de ellas los dos años y un día-. Lo más importante en cuanto a las repercusiones legales se refiere a la orden de alejamiento y comunicación impuesta a este hombre. No podrá acercarse o hablar con su excompañera por once años.
En el camino se quedó la acusación de agresión sexual que tanto estruendo provocó. Esta mujer retiró esa parte de la denuncia para centrarse en los malos tratos sufridos a lo largo de catorce años de relación. Da las razones su abogada, Cecilia Piris, de la asociación Clara Campoamor. «El motivo no es otro que la humillación que padeció en el juzgado. Ante ese trato recibido y por el revuelo mediático no quiso seguir», aclara la letrada.
Entre medias, y a petición de este colectivo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió expediente a la entonces titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1. La señalaron por su «constante vulneración de derechos» de mujeres víctimas de violencia de género. Denegó una orden de alejamiento a la entonces presunta víctima al considerar que los hechos eran de «2011», cinco años antes de la denuncia y a que su declaración en sede judicial «no es verosímil».
Vuelve a hablar Piris. «Este fallo tiene un efecto profundamente validador, porque viene a decir que no se ha inventado nada, que lo que contó en el juicio es creíble, mientras que su ex cayó en muchas contradicciones», apostilla.
¿Cómo vivieron en el Palacio de Justicia semejante marejada? «Hubo un revuelo importante en la casa. Tanto de abogados, procuradores, magistrados, letrados de la administración de justicia», admite el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez. «A partir de ahí, los jueces sabemos nuestro trabajo. Somos ajenos a cualquier tipo de presión política, social o laboral», subraya tajante.
Fuentes judiciales recuerdan que aquel día, la magistrada llevaba «siete horas ininterrumpidas» de interrogatorios por procesos similares. «Quizá le faltó tacto. La pregunta tenía que hacerla, pero de otra manera, le faltó delicadeza», deslizan.
Se produjeron hasta dos investigaciones a cargo del CGPJ. Ambas fueron archivadas. Así lo recuerda Núñez. «El CGPJ entendió que las actuaciones eran estrictamente jurisdiccionales y a partir de ahí se deduce que ella cumplió exacta, fiel y cumplidamente su función jurisdiccional», analiza el juez decano.
Esa investigación interna ralentizó sobremanera el avance del proceso. Hasta el extremo de que el juicio en una sala de lo penal se demoró hasta diciembre del año pasado. Los peritos, por cierto, otorgaron total validez al testimonio de esta mujer.
Se desconoce si la jueza señalada por su pregunta conoce este resultado. Hace más de un año que cambió Vitoria por otro destino.
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