Solo el 10% de las denuncias de violencia sexual a menores en Euskadi llega a juicio

En este documento se señalan los principales motivos por los que ese 90% de denuncias presentadas quedan sobreseídas. Normalmente se desestiman por «falta de pruebas, que en realidad viene a significar que el testimonio del menor no es concluyente o que no es considerado válido». En otras ocasiones, «muchas», los hechos son archivados por «la prescripción» de los delitos. El Parlamento Vasco culminó ayer un trabajo iniciado en 2019. Durante este tiempo la comisión de Derechos Humanos e Igualdad se ha reunido en 35 ocasiones para abordar esta cuestión durante las que han tenido lugar más de 60 comparecencias de víctimas, expertos y juristas para abordar la cuestión.

La Cámara reconoce el silencio y vacío institucional que ha rodeado a este tipo de violencia. En la iniciativa se señala la necesidad de crear una ley vasca de la infancia y la adolescencia que enmarque y dé cauce a «todos los elementos legislativos a nivel estatal e internacional que han ido desarrollándose los últimos años». Se plantea a su vez establecer mecanismos para que las víctimas reciban tratamiento especializado, sin que la negativa de uno de sus progenitores suponga un impedimento para ello.

Además se propone crear un registro específico sobre víctimas de abuso sexual en la infancia en Euskadi para tener una fotografía más ajustada de la dimensión real del problema. Los diferentes estudios existentes a nivel nacional alertan de que este tipo de violencia está mucho más extendida de lo que podría parecer. Según recoge el informe, en el conjunto de España entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El 79% de las agresiones las sufren niñas o adolescentes y en la mitad de los casos las padecen cuando tienen entre 13 y 16 años. En cuanto al perfil del abusador, en el 84% de los casos son conocidos por los niños. En casi la mitad de los incidentes analizados los agresores pertenecen al entorno familiar, principalmente padres, parejas de las madres, abuelos o tíos.

Desde Podemos Isabel González destacó que «la violencia sexual a los menores es de las peores violencias» e insistió en que «en Euskadi esto le sucede a una de cada cinco niñas». La socialista Gloria Sánchez lamentó que «el tiempo de prescripción es uno de los mayores obstáculos» para que se judicialicen los hechos denunciados y este debe ser un aspecto a revisar». Ohiana Etxebarrieta, de EH Bildu, recalcó que «las víctimas nos han transmitido la soledad que han sentido» y este debe ser otro aspecto a corregir.

Por su parte Eva Juez, del PNV, indicó que los casos que han conocido durante el transcurso de la comisión «son tremendos y el sufrimiento para las víctimas es de por vida y les condiciona».