El Vaticano abre una investigación canónica al religioso que abusó de menores en un colegio de Bermeo

Portavoces de la orden religiosa precisan que, cuando se tuvo conocimiento de estos hechos, cometidos por el exdirector de las instalaciones educativas, «se inició una investigación interna» para conocer más al detalle la situación. «No se cuestionó lo que contaron las víctimas», aseguran. Sin embargo, «las personas que estaban» en el colegio entonces «o han fallecido o no saben nada», mientras que «no hay documentación» porque cerró sus puertas hace varias décadas.

Al haber «prescrito» en la justicia ordinaria, y tras contactar con la Ertzaintza y la Fiscalía para poner en su conocimiento los abusos, remitieron la información Roma para que iniciara «un proceso» y que fuera el Supremo Tribunal Apostólico el que «resolviera la manera de actuar». La «máxima consecuencia» que puede tener un eventual juicio es que «se le expulse» de la congregación, algo que corresponde determinar al Vaticano. En cualquier caso, señalan los Menesianos, «lo primero» que hicieron al enterarse de las denuncias fue «apartar de cualquier contacto con menores» al religioso, que hasta hace unos meses estaba en un colegio en Madrid.

La veracidad de los testimonios no está en duda, especialmente desde que el hermano Felipe admitiera los abusos que cometió hace más de cuatro décadas. Lo hizo a través de un vídeo que las tres víctimas que están en contacto con los Menesianos pudieron ver «en marzo», en un encuentro en el Obispado de Bilbao. En la grabación, el religioso pedía «perdón» a las personas «que él había hecho víctimas».

Para las afectadas, sin embargo, ese paso no es suficiente. En declaraciones a EITB insisten en que debe haber «un perdón público, no uno privado» porque, si bien los Menesianos no han recibido llamadas de otras personas que sufrieron estos hechos, sí que saben que hay «más víctimas». De ahí que reclamen que se les entregue el vídeo y que «sea público», algo que el Instituto descarta porque «se vulneraría la Ley de Protección de Datos».

Personas cercanas a este tipo de procesos explican que la decisión de la Santa Sede de modificar las 'Normae gravioribuis delictis', que recogen los delitos de especial gravedad, facilita una reparación a quienes sufrieron abusos en la infancia. Estas normas incluyen que, «en delitos gravísimos», se deroga la prescripción, por lo que, frente a lo que sucede en la justicia ordinaria, pueden investigarse independientemente de cuándo hayan sucedido. Y, entre las situaciones en las que se pueden eliminar los plazos, está la pederastia eclesial.

Estos cambios aportan «mayor coherencia» a la «responsabilidad moral» de la Iglesia, que no tiene «fecha de vencimiento», aunque asumirlos desborda a las autoridades eclesiásticas, ya que son «miles». Para las diócesis y las órdenes, es «obligado» informar de estos casos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que asume algunas de las investigaciones, como las que pueden derivar, como esta, en la exclusión del acusado la vida religiosa. El resto de expedientes recaen en los tribunales diocesanos y de las congregaciones.

A nivel de Bizkaia, fuentes conocedoras de las investigaciones, aseguran que solo hay dos casos abiertos en Roma, el del hermano menesiano y el del profesor del colegio Gaztelueta condenado por abusar de un alumno entre 2009 y 2011. El Vaticano ya abrió un expediente cuando saltaron a la luz los tocamientos de este docente -un laico-, pero lo cerró en 2015. En septiembre, a petición de la víctima, el Papa Francisco ordenó reabrir el proceso por los «errores» cometidos en las primeras pesquisas.