Una trama paquistaní estafó al menos 469.000 euros a Lanbide con pasaportes falsificados

Una trama que evidenció los agujeros de seguridad de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), ayudas sociales dependientes del Gobierno Vasco, se sentó a finales del pasado mes de febrero en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Álava. Bueno, en realidad sólo cinco supuestos integrantes quienes, según el informe redactado por el Sicta, una unidad especializada de la Ertzaintza, se embolsaron «al menos 469.295,89 euros» con estas prestaciones mensuales mediante pasaportes falsos.

En marzo, la Audiencia Provincial de Álava condenó a los tres últimos miembros que restaban por juzgar. Este tribunal castigó a dos integrantes con cuatro años y medio de cárcel, mientras que al tercero le impusieron su expulsión de España durante una década. Este fallo completó el proceso contra este «grupo criminal», del que otros tres integrantes ya aceptaron su destierro a su país y un cuarto se conformó con otros cuatro años y medio entre rejas.

El grueso de semejante estafa abarcó desde 2013 a principios de 2015. En febrero de ese año fueron capturados hasta siete implicados. Desde entonces permanecen en prisión preventiva. El trabajo posterior de la Policía autonómica ha acreditado que «en julio de 2011» empezaron a timar a Lanbide, gestor directo de la RGI y la PCV.

La Fiscalía de Álava solicitó para cada uno de estos cinco sujetos un total de ocho años de prisión, que podían sustituirse por la expulsión de España durante una década. También una compensación a Lanbide de 180.330,44 euros en concepto de responsabilidad civil. «Si el dinero estafado jamás apareció, parece complicado que paguen esa multa si les declaran culpables», ironizaron entonces fuentes de la Ertzaintza.

No en vano, salvo un Iphone 6 utilizado por uno de los dos cabecillas, los agentes apenas hallaron calderilla, tanto en los registros de las casas donde realmente vivían como en el rastreo de sus cuentas corrientes. Los detenidos apenas gastaban en su día a día. Vivían en condiciones muy modestas. Por ejemplo, acostumbraban a dormir en grupo para ahorrar calefacción. Se cree que el grueso de ese dinero «lo enviaron a Pakistán, a saber a qué se ha destinado», deslizan medios policiales.

Todos los procesados están emparentados y proceden de Gujrat, al norte de ese país asiático. En esta región también se localiza otra mafia que enviaba menores a Álava para vivir al cobijo de la diputación como 'menas' (acrónimo de menores extranjeros no acompañados). Este caso sigue en fase de instrucción.

El engaño a Lanbide era sencillo. Presuntamente elaboraron un número indeterminado de pasaportes falsos para generarse identidades creíbles. Lo mismo hicieron con los empadronamientos, requisito imprescindible para cobrar RGI y PCV. Los hay de Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Bermeo, Barakaldo, Gabiria, Llodio y Oion. En sus solicitudes aportaban contratos ficticios de alquileres de pisos o de habitaciones. En uno de los domicilios registrados, efectivos del Sicta descubrieron útiles para modificar la documentación. Al parecer, durante cuatro años dieron el pego.

Uno de los dos cabecillas manejó hasta «trece identidades diferentes». Se estima que pudo embolsarse «8.000 euros cada mes». El otro jefe e ideólogo de esta trama, Ali. S. M., jamás apareció. Nadie conoce su paradero actual ni cuánto ganó. El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, advierte de que hay implicadas «otras personas de idéntica nacionalidad que no han podido ser localizadas».

Un mes antes, los otros dos miembros también arrestados en febrero de 2015 aceptaron llegar a un trato con la Fiscalía. Un juzgado les impuso una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito de pertenencia a organización criminal y otro delito de estafa agravada continuada.