Urkullu asegura que el nuevo decreto de uso del euskera en la Administración contará con «todas las garantías legales»

Ciudadanos acusa al Gobierno Vasco de que su «principal prioridad» es «la euskaldunización forzosa de toda la población»

Viernes, 15 de diciembre 2023, 11:47

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado que el Gobierno Vasco trabaja en la actualización del decreto de normalización del uso de la euskera en las Administraciones públicas vascas, y ha detallado que «en unas semanas» la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco-COJUA emitirá su ... informe final, que el Ejecutivo «analizará y asumirá», ya que el texto definitivo «debe tener todas las garantías legales y jurídicas». «Este Gobierno no aprobará un decreto sin la mayor garantía legal posible», ha subrayado.

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En el pleno de control al Gobierno que celebra la Cámara vasca, el parlamentario de Cs, Jose Manuel Gil, ha interpelado al lehendakari sobre el decreto que prepara el Ejecutivo vasco para impulsar el euskera en la Administración, y ha criticado que incluirá «medidas análogas a las ya anuladas por la Justicia recientemente, cuando se aplicaron en las instituciones locales».

Gil ha preguntado al lehendakari si este decreto está relacionado «con el fracaso del consenso de la ley de educación», con «la amenaza electoral que supone EH Bildu para el PNV, y si va a respetar este decreto la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la ley de normalización de la Euskera».

«Este decreto representa a la perfección lo que ha sido su principal prioridad: la euskaldunización forzosa de toda la población, pasando por encima de todo lo que haga falta, de la ley, de las sentencias judiciales, e incluso de su propio socio de gobierno», ha criticado.

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Urkullu ha confirmado que el Gobierno Vasco está elaborando un decreto que tiene como objetivo «normalizar el uso del euskera en las administraciones públicas de la comunidad autónoma vasca», y ha destacado que «llevará la firma del lehendakari y de seis consejeros y consejeras».

«Este decreto sustituirá al aprobado en 1997 para regular el proceso de normalización del uso de la euskera en nuestras administraciones públicas. El del 97 tenía la firma del lehendakari y de dos consejeros porque eran dos los departamentos afectados por el decreto. En cambio, el que estamos trabajando abarca seis departamentos, por ello llevará la firma del lehendakari y de seis consejeros y consejeras. No tiene ningún otro misterio», ha precisado.

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Asimismo, ha contestado a Cs que «lo que regule el decreto estará dentro de la ley y respetará la legislación vigente, como no puede ser de otra manera», ya que «esa ha sido siempre la actuación del Gobierno Vasco y lo seguirá siendo también en esta ocasión».

Según ha detallado, el Ejecutivo lleva trabajando más de seis años en el proyecto de decreto normalización del uso de la euskera en el sector público vasco, texto que va a «actualizar» el marco fijado por el anterior decreto, el 86/97.

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«Han pasado más de 26 años desde su aprobación y, como es lógico, tanto la sociedad vasca en su conjunto como su administración pública y el sector público vasco, han ido evolucionando y transformándose en muchos aspectos; también en el ámbito de la normalización y el uso del euskera, un ámbito que en todo momento se ha regido por los criterios de progresividad, flexibilidad y consenso», ha defendido.

En este sentido, ha detallado que en 1995, el 34% de las y de los empleados de la Administración General de las Diputaciones Forales y Ayuntamientos presentaba alguna acreditación lingüística en euskera, y en 2017 la cifra se elevó al 71%.

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«Preguntados en 2023 los y las empleadas de la Administración, el 86,3% declara entender bien o bastante bien euskera; el 73,5% declara hablar bien o bastante bien euskera; el 82,7% dice tener una comprensión escrita en euskera buena o bastante buena; y el 73,9% dice escribir bien o bastante bien en euskera. Por tanto, la evolución sociolingüística que las Administraciones vascas han tenido es evidente y ello hace necesario actualizar y adecuar la normativa al contexto actual», ha subrayado.

No obstante, ha señalado que el nuevo decreto, «no sólo se caracteriza por esta evolución», ya que «en su motivación y elaboración han pesado otras dos razones».

Según ha recordado, en diciembre de 2017, el Parlamento Vasco aprobó --con el apoyo de PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y PP-- una proposición no de ley que instaba al Gobierno Vasco a analizar una propuesta de actualización del decreto 86/97 para estudiar la «posible incorporación de todos los niveles del marco común europeo de referencia para las lenguas», y teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, «la adecuación de los perfiles lingüísticos y la optimización del proceso de normalización del uso de euskera en la Administración pública».

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También ha recordado que en los dos últimos años, se han aprobado diversas leyes que afectan al sector público y que se han tenido en cuenta en la elaboración del decreto.

Herramienta actualizada

Urkullu ha afirmado que el nuevo decreto «pretende ser una herramienta actualizada y coherente con la evolución de estos 26 años de normalización lingüística» y busca «asegurar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca, un decreto que deberá dar continuidad a ese proceso de normalización del uso de la euskera, junto al castellano, de manera consensuada, progresiva y flexible adaptada al contexto actual y a las previsiones de futuro».

Asimismo, ha subrayado que en el proceso de elaboración «se ha priorizado el diálogo, la participación y la colaboración» y se han mantenido decenas de reuniones con todos los ámbitos y agentes implicados. También ha resaltado que el texto ha sido objeto de negociación en la Mesa General de la Administración General de la Comunidad Autónoma y en el Consejo de Empleo Público Vasco, donde ha sido aprobado.

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«Todo este proceso de elaboración participativa, de diálogo y consenso, se ha realizado de la mano de los servicios jurídicos pertinentes, en especial, la Asesoría Jurídica del Departamento de Cultura y Política Lingüística y los servicios jurídicos del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Hemos sido especialmente sensibles a todos los aspectos jurídicos previos y surgidos durante el proceso», ha insistido.

Según ha detallado, el proyecto de decreto se encuentra ahora en manos de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco-COJUA que es el órgano que tiene que emitir informe final «en unas semanas». «El Gobierno analizará y asumirá las consideraciones que la COJUA realice y aprobará un texto definitivo que deberá tener todas las garantías legales y jurídicas que un decreto debe tener. Este Gobierno no aprobará un decreto sin la mayor garantía legal posible», ha reiterado.

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