Vivienda eleva hasta los 42.315 euros los ingresos máximos para optar a una VPO

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola (PSE), anunció este viernes esta actualización de los límites de ingresos en el pleno de control al Gobierno que se celebró en el Parlamento, el primero del curso político. Explicó que el Gobierno Vasco actualizará los ingresos máximos en las próximas semanas con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad económica provocada por «la alta inflación». Este otoño se acometerá una primera actualización del 8,5% y, además, Vivienda establecerá un mecanismo para que esos límites de ingresos se actualicen cada 1 de enero en función del IPC.

El cambio normativo que Vivienda incluirá en el próximo decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda -que será aprobado este otoño por el Consejo de Gobierno- recoge que, «excepcionalmente», en el momento de la aprobación del decreto, se realizará una actualización general del 8,5%. De esta forma, el límite de ingresos máximos pasará directamente de 25.000 a 27.125 euros anuales en vivienda de protección social de alquiler; de 39.000 a 42.315 euros en la VPO de régimen general en arrendamiento o compra; y de 50.000 a 54.250 euros en viviendas tasadas. Por otro lado, el decreto establece un mecanismo de ajuste cada 1 de enero en función del IPC para blindar estos límites ante una hipotética inflación continuada.

En su explicación ante el pleno, el consejero Arriola indicó que el contexto de inflación tras la pandemia de Covid y la guerra de Ucrania «puede afectar negativamente y dejar fuera del sistema a personas y familias cuya economía no ha mejorado». Recordó que los niveles de ingresos para estar dado de alta en Etxebide se calculan utilizando la declaración del IRPF y aplicando un factor corrector en función de las características de la unidad convivencial. Si los ingresos ponderados máximos se superan, se pierde la posibilidad de acceder a un VPO. Arriola señaló que el objetivo es «evitar escenarios injustos que podrían expulsar del sistema de protección social a muchas personas a causa de la inflación».

A modo de ejemplo, explicó que se puede dar la situación de que una persona demandante de una VPO vea incrementado su salario por debajo del incremento del IPC y que, aunque su poder adquisitivo real se haya resentido al crecer los precios más que su sueldo, rebase los límites de la normativa y no pueda acceder a una vivienda protegida.

Arriola recordó que los límites en vigor se basan en una normativa de 2011 que no había sufrido apenas ajustes durante una década debido a que se vivió una etapa de cierta estabilidad económica. Sin embargo, dada la situación inflacionista actual, Vivienda ha optado por actuar e incluir esta actualización de los ingresos máximos en la disposición final del futuro decreto de Derecho Subjetivo a la Vivienda, que será aprobado por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas.

La actualización «excepcional» del 8,5% que recoge la norma provocará ampliaciones de hasta 4.250 en los límites actuales. En el caso de las viviendas de protección social de alquiler, el límite de ingresos se elevará en 2.125 euros anuales; la ampliación para quienes opten a una VPO de régimen general en arrendamiento o compra será de 3.315 euros anuales; y en 4.250 euros anuales en el caso de las viviendas tasadas. Asimismo, el decreto establece un mecanismo de ajuste anual cada 1 de enero en función del IPC.

Arriola subrayó que el objetivo del Departamento de Vivienda es «facilitar el acceso a la vivienda en compra o en alquiler a las personas con rentas bajas y medias que no pueden optar a los precios del mercado libre». Apuntó que «en Etxebide hay casi 17.000 solicitantes de compra de VPO» y recordó que «hace ahora un año elevamos las cuantías de los precios de venta de VPO para poder incrementar la oferta». En ese sentido, consideró «lógico» que «si hemos elevado los precios de venta de VPO, revisemos también al alza los ingresos máximos requeridos para inscribirse en las listas para una VPO en alquiler o en compra».

El anuncio del consejero de Vivienda se produjo ante una pregunta de la parlamentaria socialista María Jesús San José en la que ponía el foco en que podía haber un desfase entre los nuevos precios de VPO vigentes desde el verano de 2022, que se actualizaron al alza, y unos ingresos máximos «que se mantienen inamovibles desde hace varios años». «Esto puede llegar a provocar que las personas con necesidad de acceso a una vivienda asequible se queden fuera a causa de la inflación», alertó.