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¿Se imaginan ustedes que un juez dictase una orden para la suspensión temporal del servicio telefónico porque se está utilizando para cometer delitos? Nos echaríamos las manos a la cabeza porque entenderíamos que, si bien se utiliza para esos fines delictivos, la mayoría de ... los usos son para fines totalmente lícitos, lúdicos, empresariales o de lo que realmente nos plazca. La decisión, finalmente revocada, de la suspensión cautelar de Telegram en España habría sido similar a esta situación. Ante una denuncia por delitos de propiedad intelectual que se están cometiendo en canales de Telegram, el juez decidía en un primer momento que podía ser mejor que todos los usuarios/as de España (unos cuantos millones) se queden sin acceso. Eso sí, se hacía además un viernes, inicio de vacaciones y pensando más en festividades y descanso que en polémicas y defensa de derechos fundamentales.
No es el sitio ni lugar para centrarnos en disposiciones judiciales, en autos de medidas cautelares ni en comisiones rogatorias. Solo decir que la decisión se tomaba ante la falta de respuesta por parte de Islas Vírgenes de las solicitudes realizadas por el juzgado. Ese es otro cantar que se puede discutir, plantear el debate de cómo funcionamos en un mundo globalizado con paraísos fiscales, lugares sin ley y multinacionales que pueden decidir la región del mundo que más favorable les sea para plantar su sede y funcionar como la ley del lejano oeste.
Volviendo al tema central sobre la posible suspensión de una herramienta de comunicación como Telegram por una supuesta vulneración de la propiedad intelectual -finalmente suspendida por el propio Santiago Pedraz-, parece que volvemos a una discusión que se remonta desde la aparición de la imprenta de Gutenberg y que ha ido escalando hasta la aparición de internet, con los casos de Napster, SeriesYonkis o las noticias que hemos tenido finalmente sobre el fútbol pirata y todos a la cárcel.
Ciertamente pensábamos que con la proliferación de las plataformas, el masivo acceso a tanto contenido a través de las redes sociales el tema de la piratería ya era cosa del pasado. Lamentablemente con todos estos casos hemos ido aprendiendo que si bien debemos cuidar la cultura y la propiedad intelectual, la industria que debe apoyarla y protegerla se hace un flaco favor a sí misma cuando invoca su protección por encima de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de comunicación. El caso de Telegram es un caso paradigmático de todo esto.
Hemos conocido casos en Gipuzkoa de grupos de WhatsApp con cientos de menores donde se compartía pornografía y se podían estar cometiendo además delitos de odio, en X (antigua Twitter) a todas horas vemos anuncios sospechosos con posibles estafas, la propia Meta tenía estudios internos del daño que ha provocado a la juventud Instagram, en TikTok se pone en riesgo a los menores con pruebas o 'challenges' peligrosísimas. ¿Se han cerrado o solicitado el cierre de estas plataformas? Evidentemente no.
¿Por qué Telegram sí? Esta respuesta no es tan sencilla de responder y desde la opinión personal tengo la sensación que el propio desconocimiento de la herramienta y el supuesto origen ruso de la misma, hace que se tomen decisiones en las que no se calibran tanto la proporcionalidad de la misma. Estoy casi seguro que si cambiamos Telegram por Whatsapp la decisión no sería la misma aunque las consecuencias fuesen idénticas. Por cierto, en Brasil un juez tomó hace años una decisión igual ante casos de narcotráfico solicitando el cierre cautelar de WhatsApp y la medida, que estuvo en funcionamiento solamente unas horas, fue paralizada por otro juzgado ante la falta de proporcionalidad de la medida.
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