Red de sospechas

Ante la falta de una república real, el Gobierno catalán también decidió acelerar en la dimensión digital de su independencia. El anuncio del expresident prófugo, Carles Puigdemont, de crear «una nación digital en forma de república», cristalizó en Republica.cat, una web registrada en el servicio del cofundador del portal pirata The Pirate Bay, ubicada en el paraíso digital de la isla caribeña de Nieves. Al calor de sus palmeras debían nacer, entre otros, el DNI catalán y todo tipo de documentos identitarios. Incluso su conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, dio por inaugurada este lunes la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y el nuevo Identicat, un sistema de certificación que se distribuiría por los teléfonos móviles. La idea era llegar algún día a tener un millón de 'ciberrepublicanos catalanes'.

El Gobierno central se acaba de dotar de 'cortafuegos' contundentes contra estos fenómenos. El martes, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 14/2019 de medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital. Una norma que le confiere plenos poderes pero que siembra dudas en los gestores y analistas de la acción social y política en las redes.

El real decreto, que modifica de un plumazo cinco leyes, permitirá al Ministerio de Economía ordenar «sin audiencia previa» el cierre de una actividad «cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional».

La nueva disposición establece dos figuras clave para bloquear los 'chiringuitos' digitales. Por un lado, establece que el DNI será «con carácter exclusivo y excluyente, el único documento con suficiente valor» para acreditar la identidad en una red. Cualquier otro certificado o sello electrónico requerirá «una autorización previa» del Estado. Por otro, exigirá que los sistemas de almacenamiento y gestión de datos «se encuentren situados en territorio de la Unión Europa». E incluso solo en «territorio español» cuando se trate de datos de personas físicas (historiales médicos, penales, identidad sexual, ...).

Desde la publicación, expertos y analistas se afanan por delimitar el alcance de este nuevo marco regulador. Las organizaciones de internautas han puesto a sus equipos jurídicos a trabajar. «No hacía falta hacer nada. Ya existen normas claras. Pero se ha aprovechado para colar de rondón una reforma imprecisa que deja en manos del Estado la gestión de las redes», denuncia la presidenta de la Asociación de Internautas, Ofelia Tejerina.

Su colega de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, coincide en que «ya hay bastante normativa» y critica el tufo a «decretazo autoritario» de una regulación «arbitraria, ambigua, precipitada en unos tiempos en los que lo mínimo exigible es pedirle permiso a un juez para actuar».

Unos jueces que acabarán teniendo que actuar y que también están pendientes de analizar la legalidad del nuevo texto. «Es lógico intentar proteger a la sociedad de ataques informáticos, vulneración de procesos electorales y 'fake news' (noticias falsas) -valora el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega-. Nosotros somos los garantes de los derechos y libertades. Si hay vulneración siempre estará un juez». Y por último, «queda el Tribunal Constitucional», sentencia.

Para el delegado de Protección de Datos del Consejo General de la Abogacía (y exdirector de la Agencia de Protección de Datos), José Luis Piñar, «lo más positivo que le encuentro es que evitará que los datos que manejan las Administraciones públicas puedan ser gestionados en países sin garantías digitales. Sería intolerable que se puedan ceder datos a países que no pueden garantizarlos».

Sin citarlo, a ninguno de estos expertos se le escapa que la actuación gubernamental se ha desplegado como un cepo que corte de cuajo la huida hacia la nube (digital) de la Administración catalana. Por eso, José Luis Piñar, que también es catedrático de Derecho Administrativo, considera que el objetivo «muy razonable» del Estado «no es perseguir una república digital sino una estructura paralela que exige comunicación directa con el ciudadano pero obviando los medios oficiales del Estado».

Este intento de embridar a la realidad digital coincide con el informe global que la organización con sede en Washington Freedom House ha publicado sobre la evolución de internet. Su diagnóstico denuncia que «la libertad global digital ha disminuido por noveno año consecutivo».

El estudio, que abarca 65 países que aglutinan al 87% de los usuarios de la red, advierte del creciente «autoritarismo digital». Un fenómeno que no solo es achacable a recalcitrantes como China, Cuba, Rusia o Arabia Saudí, sino a «una sorprendente variedad de gobiernos que están implementando herramientas avanzadas para identificar y monitorear usuarios sin las garantías adecuadas».

Llevado al caso español, José Luis Piñar encuentra «problemático» que el Gobierno pueda asumir la gestión de redes de forma «excepcional y transitoria». «Puede tener problemas jurídicos con las leyes europeas. Además, surge la pregunta: ¿cuánto dura esa transitoriedad?», plantea. Desde los usuarios, Ofelia Tejerina da por seguro que «Europa paralizará la norma e incluso podría multarnos, por su limitación de derechos fundamentales».

De fondo está el gran debate, más allá del caso español, de los límites de internet. En Madrid se celebra hoy el IX Foro de Gobernanza con el análisis de los principales desafíos globales. Pero no hay optimismo ni recetas mágicas. En su etapa de máxima autoridad española en la materia, José Luis Piñar fue un firme defensor de un tratado internacional. «No nos engañemos -dice hoy-. China, Rusia o Estados Unidos nunca lo ratificarán. Le pasa como a los acuerdos sobre cambio climático. No valdría para nada».