Los trabajadores piden mantener su empleo sea cual sea la concesionaria

Conscientes de la posibilidad de que el servicio cambie de manos, los más de 60 trabajadores de las ITV de Irun y Urnieta tratan de forzar la mediación del consejero de Industria, Bernabé Unda, en el conflicto laboral que mantienen con la actual concesionaria, TUV Rheiland. El objetivo es doble. Por un lado, intentar que el Gobierno Vasco presione a la empresa para que llegue a un acuerdo y evitar que siga resintiéndose un servicio público y obligatorio para miles de ciudadanos. Por otro, tratar de arrancar a Industria algún tipo de compromiso por el que se garantice a los trabajadores su puesto de trabajo sea cual sea finalmente la empresa concesionaria.

La plantilla recuerda que su reclamación no es gratuita, ya que «antes de que el servicio se privatizase y se prestase en régimen de concesión, la inspección técnica de vehículos era una actividad directamente dependiente de la Administración cuyos trabajadores eran funcionarios», alguno de los cuales mantiene esa categoría.

Ocho centros

El Gobierno Vasco privatizó el servicio de ITV en 1994, realizando cuatro concesiones para los ocho centros que hay en el País Vasco. TUV Rheiland se llevó el paquete Irun-Urnieta, Itelink el de Amorebieta-Trapagarán, y tras una serie de movimientos empresariales, Applus gestiona los centros de Bergara y Júndiz y los de Arrigorriaga y Zamudio.

El anterior Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe tenía previsto abrir cuatro centros más, en Zestoa, Olaberria, Sopelana y Zalla, pero el proyecto ha sido paralizado por el actual Ejecutivo de López, que no lo considera una prioridad.