La defensa de Assange dice que es víctima de un abuso del proceso judicial

Julian Assange, fundador de Wikileaks, se sentó ayer en el banquillo en la primera jornada de la vista final sobre la demanda de extradición de Suecia, cuyas autoridades quieren interrogarle sobre la posible comisión de varios delitos sexuales. Al final de la sesión, dijo que desde hace cinco meses y medio «han puesto una caja negra sobre mi vida que dice violación», pero «veremos que esa caja está vacía».

El magistrado Howard Riddle, que es el único juez que dictará sentencia, tiene que decidir algo menor de lo que postula Assange. En un caso como éste, en el que un país dicta una orden europea de detención, los tribunales del país que la recibe hacen poco más que comprobar que cumple todos los requisitos formales antes de proceder al envío del detenido.

Pero ayer la vista entró en áreas imprevistas. Geoffrey Robertson, abogado de Assange, se apoyó en su segundo testigo, Goran Rudling, que tiene una historia familiar que le llevó a interesarse y a escribir sobre el tratamiento legal de los delitos sexuales, para hacer algo que nunca toleran los jueces en este tipo de casos: analizar las pruebas que existen en el país que dictó la orden para juzgar al detenido. Ni Riddle, ni la fiscal británica que actúa en nombre de las autoridades suecas, Clare Montgomery -fue una de las abogadas que defendió a Augusto Pinochet cuando España demandó su extradición- interrumpieron el testimonio de Rudling o presentaron objeciones a la deriva del caso, que adquiere así una fisonomía insólita.

Delitos sexuales

La declaración de Rudling, y otra anterior de una juez sueca jubilada, Brita Sundberg-Weitman, sirvieron a la defensa para avalar su argumento de que Assange es la víctima de un abuso del proceso judicial, en el que las dos mujeres que le acusaron de cometer delitos sexuales contra ellas -tras aceptar mantener relaciones con él- se apoyan en una fiscal y en un abogado y político que actúan de manera sesgada y oportunista.

Robertson quiere que el juez Riddle niegue la extradición, entre otras cosas, porque se ha dado publicidad al caso de manera injustificable, porque la fiscal no tiene autoridad para dictar la euroorden y porque a pesar de que pudo interrogarle cuando Assange estaba en Estocolmo no lo hizo y luego se negó a interrogarle por teléfono o por videoconferencia o con la colaboración de las autoridades británicas.

Para la fiscal, el caso y el procedimiento seguido encajan sin quebranto en las reglas de la ley europea. El delito de violación del que se acusa a Assange -forzar una penetración sin preservativo cuando su pareja aceptó la relación con ese condicionante- es un delito incluido en la lista de los que, según la euroorden, no exige la comprobación de que también sea delito en la ley británica y con la pena exigida de un mínimo de tres años.

Pero Robertson alega que ese delito sueco de violación menor -una contradicción de términos, dijo- no es violación a secas, tal como se incluye en la lista europea y por tanto el juez debe hacer una interpretación sobre si se trata realmente de un delito extraditable. La euroorden no acepta ese análisis, que estaría justificado en este caso; en el que la prensa abarrota la galería pública y que transita ya por senderos extraños.