Bildu copará el Consorcio de Residuos con el 84% de los votos

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, la entidad responsable de la gestión de la basura que se genera en el territorio, renovará hoy sus cargos. Bildu se hará con un poder absoluto, el 84% de los votos, tras lograr el control de seis de las ocho mancomunidades: San Marcos, Alto Urola, Tolosaldea, Urola Costa, Alto Urola y Sasieta. Las dos restantes, Txingudi y Bajo Deba, quedan en manos socialistas. El PNV, que en la pasada legislatura dirigía cinco, se ha quedado sin ninguna.

La asamblea del Consorcio está formada por los delegados elegidos en las mancomunidades y por tres miembros de la Diputación. En consecuencia, Bildu contará con una mayoría aplastante, el 84% de los votos, correspondientes a los veinte representantes de la coalición, incluidos los tres asignados por la institución foral. Estos últimos son Juan Carlos Alduntzin, diputado foral de Medio Ambiente; Ainhoa Iraola, directora de Medio Ambiente e Iñaki Errazkin, jefe de gabinete del diputado general.

Los socialistas dispondrán de tres delegados, los peneuvistas de otros tres y los populares de uno.

La presidencia, obviamente, recaerá también en Bildu. En la pasada legislatura, este cargo fue ostentado por el diputado foral de Medio Ambiente, Carlos Ormazabal (PNV). Se desconoce si Bildu presentará como candidato a su sucesor, Juan Carlos Alduntzin.

Este poder omnímodo de Bildu se podría trasladar al Consejo de Administración. La coalición tenía previsto proponer al PNV formar parte del mismo, pero este partido se muestra reticente a participar. Los socialistas, sin embargo, han solicitado por carta a Alduntzin entrar en el Consejo, alegando que gestionan dos mancomunidades, en las que se genera el 20% de la basura del territorio.

Los socialistas, en la misma carta, muestran su enfado porque Txingudi no haya sido convocada a la asamblea de hoy. El Consorcio ha indicado que sus delegados no podrán acudir hasta que se resuelvan los contenciosos existentes contra Txingudi por defectos de forma en su incorporación a la entidad.

Labor complicada

El Consorcio tiene por delante una labor complicada. Bildu defiende una moratoria para la incineradora, una medida que en la práctica supondría la paralización. Si el Consorcio da este paso, tendría que afrontar 104 millones en indemnizaciones, según un informe encargado por los anteriores rectores.

Con todo, este no es el problema principal. La paralización de la planta daría al traste con los acuerdos firmados en 2007 por la Diputación, el Ayuntamiento de Donostia y las mancomunidades. El acuerdo permitía llevar la basura generada en Donostia y su comarca (tras el cierre de San Marcos) a Lapatx (Azpeitia), Sasieta (Beasain) y Urteta (Zarautz). A cambio, las mancomunidades receptoras exigieron que se construyera la incineradora en Donostia. El objetivo era asegurarse que los basureros se cerrarían en cuanto se pusiera en marcha la planta, prevista para finales de 2014.

El nuevo Consorcio deberá calibrar los pros y los contras de paralizar o construir la incineradora. Las últimas declaraciones de los responsables forales, aunque confusas, parecen indicar que se inclinan hacia la ejecución de una planta más pequeña y potenciar el reciclaje. En esta línea, el Consorcio favorecería la extensión de la recogida de basura puerta a puerta al mayor número posible de localidades.