El juez imputa al secretario del alcalde por el 'caso Uxotegi' y podría dictar un desalojo

El secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, tendrá que sentarse frente al Juez. El Juzgado número cinco de San Sebastián estima que los hechos denunciados por la propietaria del inmueble ocupado en la Parte Vieja el pasado 24 de septiembre podrían ser constitutivos de delito, y que el secretario del alcalde podría tener una participación en ellos lo suficientemente relevante como para tener que declarar en calidad de imputado, y no como testigo, frente al magistrado.

El auto del juez le fue notificado ayer al representante de la propiedad y abre otra fase en un caso sobre el que han orbitado varias versiones y que ha estado rodeado de polémica desde el principio.

La familia propietaria de la vivienda interpuso una denuncia el sábado 24 de septiembre después de que un grupo de jóvenes ocupara el edificio y lo convirtiera en un gaztetxe o, como indicaron en su momento los jóvenes en una 'gazte asanblada', «en un local autogestionado para la gente del barrio».

Desde entonces, el inmueble no ha vuelto a manos de su dueña y continua ocupado. Es un gaztetxe que incluso cuenta ya con su propio perfil en Facebook. Sin embargo, esto podría cambiar. En un plazo relativamente corto la Ertzain-tza podría proceder al desalojo y precinto de la casa, ya que el Juzgado está estudiando esta posibilidad. «Ha decidido abrir una pieza separada de medidas cautelares en relación con la solicitud que hicimos. Es un procedimiento relativamente corto en el que el Juzgado número 5 puede acordar el desalojo de la finca», indicó el representante de la propietaria.

Sobre lo que ocurrió o dejó de ocurrir el día de autos hay varias versiones. En el escrito de la familia valorado por el magistrado se denuncia que el secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, se identificó como responsable del movimiento que ocupó la vivienda, «según un informe emitido por la Guardia Municipal ese miso día y suscrito por diez agentes», indica. El representante legal añade que los jóvenes accedieron al edificio mientras los agentes abandonaban el lugar de los hechos sin impedirlo. Además, en el relato de los hechos se explica que los mismos jóvenes indicaron al letrado de la familia, allí presente, «que tenían permiso de la guardia municipal y del Ayuntamiento».

La versión del Gobierno municipal difiere completamente y apunta a que Ibazeta no actuó como representante de los jóvenes, sino que medió entre los ellos y los agentes y que incluso aconsejó a los chavales que no entraran en el inmueble. Pese a todo, el gobierno municipal sí que señaló que «comparte las inquietudes de los jóvenes por disponer de locales culturales autogestionados por la gente del barrio».

El representante legal de la familia presentó ayer un escrito al alcalde en el que se insiste en lo que «ocurrió realmente» aquel día y se da cuenta paso por paso de lo sucedido a su juicio. Además, se le pide al regidor que no permita que se ejecuten obras en el interior del inmueble ni que se derriben tabiques «que pueden ser estructurales».

En otro punto, se exige a Izagirre igualdad de trato en esta ocupación con respecto a otras, en clara alusión a la resuelta hace una semana en el cine Bellas Artes de la calle Urbieta y se advierte de los «posibles delitos» que se están acumulando, como el de «usurpación, de daños, coacciones, de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación e incluso hurto».