El rescate de Balenciaga se frustró al exigir el financiador estatal cobrar ya 12 millones de deuda

No obstante, Cofides no aceptó este planteamiento, al no ver garantías suficientes del cobro e insistir en querer recuperar cuanto antes ese dinero que destinó en su día para ayudar a Balenciaga. «Debemos velar por los recursos públicos», señalaron ayer fuentes de este organismo a este periódico para justificar su posición. Por ello, decidió impugnar el plan de reestructuración y financiación con el que la compañía de Zumaia pretendía salvar la actividad. Al financiador estatal no le convencía la opción de condicionar el cobro a la construcción de dos barcos. Además estas embarcaciones habían sido encargadas a Balenciaga por una empresa ajena al concurso.

Cofides era el principal acreedor, a través del Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por el Covid (Fonrec). Y al haber frenado, con su impugnación ante el juez, el plan de rescate, Balenciaga no ve posibilidad de seguir adelante, ya que no hay posibilidad de ejecutar los dos contratos comprometidos ni de despejar el camino a nuevas fuentes de ingresos e inversores. Una reestructuración que incluía la venta de activos del grupo, pero el veto al plan de reestructuración ha impedido la obtención de la liquidez necesaria para salir adelante, insisten las fuentes consultadas.

Los actuales gestores del astillero han tratado de salvar la actividad y los contratos negociando hasta el último minuto, pero no ha sido posible. Por todo ello, la firma se ha acogido ya oficialmente al concurso de acreedores, según fuentes judiciales. Así lo comunico la empresa a la plantilla el miércoles por la tarde, como avanzó ayer DV en exclusiva. Astilleros Balenciaga arrastraba una deuda de 37 millones de euros y entre los acreedores figuraban entidades como Kutxabank o Bankinter, entre otras pequeñas empresas y proveedores, que sí aceptaron el plan de reestructuración, homologado además por el juzgado número 1 de lo Mercantil de San Sebastián.

Ahora, Balenciaga entra en un concurso de acreedores, el procedimiento judicial que se inicia cuando una empresa no puede afrontar los pagos y que abre ahora la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los acreedores, bajo la supervisión de un administrador concursal, o en su defecto que alguien compre toda o parte de la empresa para evitar un cierre. Un final que parece más probable dada la complicada situación y la incertidumbre que rodea al sector de la construcción naval en general. Una posibilidad, la de una posible adquisición por parte de un tercero, a la que empresa y trabajadores se agarran como un clavo ardiendo, aunque a día de hoy se aprecia lejana.

De nada han servido las gestiones de distintos actores políticos e institucionales como el Gobierno Vasco, tanto a través del departamento de Industria como el de Empleo, en este caso con la mediación del vicelehendakari y consejero del ramo, el socialista Mikel Torres.

En este sentido, el juzgado donostiarra encargado del tema había destacado en su auto de homologación que existían «mimbres para asegurar la viabilidad de la compañía a corto y medio plazo». El plan aprobado por la mayoría de los accionistas y refrendado también por vía judicial contemplaba una reestructuración de la deuda y medidas encaminadas a reducir los costes, vender barcos y alcanzar nuevas contrataciones que le permitan recuperar su nivel de actividad y hacer frente a la caída de la demanda europea y la irrupción de la competencia china. El experto nombrado por el juez, FTI Consulting, también confirmó tras su análisis que «la empresa era viable a corto y medio plazo».

No obstante, Cofides, la sociedad público-privada dependiente del Ministerio de Economía a través de la que el Estado canalizó el rescate de empresas estratégicas durante la pandemia de covid 19, parece haber endurecido su postura en los últimos tiempos. El organismo gestionado por el Fonrec reconoce como créditos «verdaderamente problemáticos» el 12% de los rescates del Estado a pymes por la pandemia.

Entre 2021 y 2022, el fondo que el Gobierno central activó para reflotar a empresas de tamaño pequeño y mediano firmó un total de 89 operaciones por 779 millones de euros, entre ellas la relativa a Astilleros Balenciaga.

Se dedicaron a empresas con una facturación de entre 10 y 400 millones anuales entre 2021 y 2022, con el asesoramiento de firmas como BDO, PKF, Grant Thornton, Lesayra o PwC. Esta última fue la consultora que avaló, por ejemplo, la ayuda al astillero zumaiarra. Hay varias empresas del listado, en toda España, que tienen problemas financieros y están negociando con los acreedores una reestructuración.

Los planes de reestructuración, como el que ha intentado sin éxito Balenciaga, son una herramienta nueva impulsada por la Unión Europea. Un instrumento previo a llegar al concurso de acreedores. De hecho, su objetivo es eludir el concurso evitando caer en la insolvencia o saliendo de ella. Esta fórmula se ha puesto de nuevo de actualidad ya que puede ser apropiada para empresas afectadas por la DANA de la Comunidad Valenciana que no van a poder hacer frente a sus deudas. La reestructuración permite modificar las condiciones o estructura del activo, el pasivo y los fondos propios de la sociedad.

Lo habitual es que lo solicite el deudor, es decir, la empresa, pero también pueden pedirlo los acreedores o terceros con interés legítimo ante un estado de insolvencia probable, inminente o actual.