Euskadi da el primer paso para poder subir a 1.400 euros el SMI vasco

Ambos partidos han defendido este jueves en el Parlamento Vasco que si el salario medio en Euskadi es un 20% superior al resto del Estado; el coste de la vida en la comunidad autónoma también supera en un 20%; y según la Carta Social Europea, el salario mínimo ha de suponer un 60% del salario medio del ámbito territorial en el que se aplica, el SMI en Euskadi debería fijarse «aproximadamente» en torno a los 1.400 euros. Es decir, 320 euros más al mes que el SMI aprobado por el Gobierno español para este 2023.

El acuerdo en el Parlamento fija la petición al Ejecutivo vasco de que impulse esa negociación coletiva con agentes sociales y patronal para que acuerden «en el marco de un acuerdo interprofesional un salario mínimo de negociación colectiva en Euskadi». Un acuerdo que beneficiaría a cerca de 50.000 trabajadores, lo que supone el 5% de los ocupados en el País Vasco.

La enmienda ha salido adelante con 66 votos a favor (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU) y 7 en contra (PP+Cs y Grupo Mixto Vox). El pleno del Parlamento Vasco ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta de EH Bildu, formación que ha finalmente ha sustituido su moción inicial por una enmienda transaccional acordada con el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU.

El Parlamento también ratifica su compromiso con el empleo «de calidad», e insta al Gobierno Vasco a «continuar adoptando una actitud proactiva» para la adopción de las medidas necesarias para «defender y fomentar en todos los marcos de empleo y diálogo social la mejora de los salarios y de las condiciones laborales de los trabajadores de Euskadi». De esa forma, la Cámara insta al Gobierno Vasco a impulsar, «siempre desde el respeto a la autonomía de los agentes sociales», que el 'Acuerdo Interprofesional' «recoja un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco».

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez ha subrayado la necesidad de contar con «plenas competencias» impide fijar un SMI por ley para Euskadi, algo que considera necesario debido a que el salario mínimo aprobado por el Gobierno central «se queda muy corto» teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del País Vasco.

Por su parte, el parlamentario del PNV Jon Aiartza ha recordado que en los últimos años se han logrado en Euskadi acuerdos y compromisos «de muy diferente naturaleza» pero que tienen en común su apuesta por la subida generalizada de salarios o la mejora de la calidad en el empleo. Por otra parte, y aunque ha coincidido con EH Bildu en reclamar mayores competencias para Euskadi en materia de regulación laboral, ha reprochado a la coalición que plantee soluciones excesivamente «simples» para resolver problemas «mucho más complicados», como el de la consecución de acuerdos entre empresarios y sindicatos en torno a los salarios.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado este jueves por unos grupos que, según ha recordado, representan más del 90% de los escaños de la Cámara y que, sin renunciar a sus «diferencias» en aspectos como el reparto competencial, han logrado pactar una defensa «compartida» del empleo de calidad y de los salarios «dignos». En este sentido, ha destacado el respaldo otorgado por una mayoría «muy cualificada» del Parlamento a la subida del SMI impulsada por el Gobierno central frente a las «duras críticas de la derecha política» a esta medida.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández se ha felicitado por la consecución de un acuerdo que ha calificado de «bueno y necesario», especialmente en una situación en la que --según ha dicho-- la patronal vasca es «el principal obstáculo» para que en Euskadi exista un SMI «acorde» a la realidad socioeconómica de la comunidad autónoma, que según ha indicado debería alcanzar los 1.400 euros.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha calificado el acuerdo aprobado por el Parlamento de «voluntarista, declarativo y propagandístico», y ha afirmado que la enmienda aprobada «pretende criminalizar a los empresarios», cuando -según ha dicho- el principal problema para la competitividad es el de las «altas tasas» de «absentismo» de los trabajadores y la «conflictividad laboral».